Un cuidadoso trabajo le espera al Poder Legislativo del Estado de México y, también, al Poder Ejecutivo, así como a los 125 alcaldes y alcaldesas. Lo mismo deberá suceder en el resto del país. Me imagino que, desde los primeros días de este naciente 2026, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense (Jucopo), José Francisco Vázquez, habrá convocado a titulares de diversas comisiones para que analicen minuciosamente las implicaciones que traerá el reciente Decreto de fecha 21 de noviembre de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El Decreto constituye una toma de postura explícita sobre el cambio de dirección que se propone emprender en la política pública para el desarrollo social del país. El documento de 11 páginas que emitió la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión seleccionó mil 575 municipios como Zonas de Atención Prioritaria Rurales. Adicionalmente, pero no menos importante, se han escogido 49 mil 491 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas, para asignarles prioridad y, con ello, favorecer su desarrollo. Allí estarán focalizados los esfuerzos humanos, los recursos económicos y las estrategias que tratarán de incentivar y armonizar el desarrollo social en México.
Puedo estar equivocado, pero todo indica que los presupuestos aprobados a mediados de diciembre de 2025, para su correspondiente ejercicio en 2026, quizá fueron autorizados sin tener a la vista el referido Decreto. Ante ello, quizá desde estos primeros días todos los congresos locales, las 32 entidades y los más de 2 mil 400 gobiernos municipales estarán revisando con lupa este asunto, toda vez que se busca reorientar la dirección del país.
Por lo que toca al Estado de México, veo que el Decreto delimitó las Zonas de Atención Prioritaria, e incluyó 53 municipios rurales, más otras 3 mil 328 AGEB en 117 de las 125 circunscripciones. Llama la atención por qué no fueron incluidos en alguna de las dos zonas los municipios de Otzoloapan, San Simón de Guerrero, Almoloya de Alquisiras, Santo Tomás, Zacazonapan, Texcalyacac, Tonatico y Temamatla. La situación preocupa porque, según indicadores de 2020, entre el 52 y el 66 por ciento de su población tenía un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, lo que obliga a revisar con cuidado los criterios de exclusión.
La metodología empleada para definir ambas Zonas de Atención Prioritaria para todo el país tiene aciertos; especialmente porque aparte de considerar variables esenciales se reconoce explícitamente que prevalecen desigualdades territoriales. Lo que tiene ante sí el Congreso local (así como el resto de los 31 en el país), es la delicada tarea de incorporar otras macrovariables que permitan calibrar la prioridad que deberá tener cada uno de los municipios, además de no excluir a los municipios, por ahora, olvidados. Seguro que la Jucopo tomará cartas en el asunto. Tiempo al tiempo.
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