A través de un medio de comunicación, el sábado 10 de enero la diputada Jennifer González López, quien preside la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social en la LXII Legislatura mexiquense, hizo saber a la población que "era necesario fortalecer las políticas públicas y garantizar el acceso a servicios integrales para proteger la salud y el futuro de las jóvenes". La afirmación es pertinente; el desafío, como sabemos desde hace más de una década, es convertir ese enunciado en políticas públicas efectivas y sostenidas. Parece que nos falta mucho todavía.
Como usted sabe, después de once años de esfuerzos para reducir la fecundidad en adolescentes, según fue planteado por la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), por las condiciones que hayan sido, el Estado de México sigue ocupando el primer lugar debido al número de casos reportados anualmente. Que usted lo haga visible, muestra su profunda responsabilidad cívica y ética legislativa.
Desde este espacio quiero compartirle que, según cifras aportadas por el Proyecto de investigación Libélula de la Universidad Autónoma del Estado de México: entre 2015 y 2024, el Estado de México acumuló 405 mil 790 nacimientos aportados por madres adolescentes. Esto significa que, en promedio, cada año más de 40 mil adolescentes de entre 10 y 19 años se convirtieron en progenitoras a temprana edad.
Por grupo de edad, el 98 por ciento tenían entre 15 y 19, con un total de 396 mil 140 nacimientos. Esto equivale a que, diariamente, 109 adolescentes de 15 a 19 enfrentaron un parto. Respecto al restante 2 por ciento, se concentró en niñas de 10 a 14, con 9,650 casos. Es decir, usted podrá concluir que mensualmente al menos 80 niñas fueron obligadas a sostener relaciones sexuales, llevadas a la gestación, el parto, y luego, a la maternidad. Estos dolorosos sucesos podrían estar asociados a conductas abusivas o violentas, impuestas por agresores sexuales que vulneran los derechos de este grupo de población.
Diputada Jennifer González: usted, junto con otras comisiones legislativas (Declaratorias de Alerta de Violencia de Género; Derechos Humanos; Igualdad de Género; Juventud y Deporte; Familia y Desarrollo Humano; Asuntos Indígenas; Atención a Grupos Vulnerables; Procuración y Administración de Justicia), deberían tomar cartas en este asunto más allá del discurso.
Los datos son claros y reiterados desde hace años. Lo que está en juego no es su existencia, sino la voluntad política para traducirlos en acciones legislativas coordinadas, sostenidas y evaluables, capaces de orientar a los 125 gobiernos municipales. Usted dirá.
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