El artículo 3.º de la Constitución establece que la educación en México será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Es un reconocimiento contundente. Pero reconocer un derecho no es lo mismo que garantizarlo, y la diferencia se hace visible apenas se observa lo que ocurre con las trayectorias escolares reales.
Ingresar a una escuela no basta. El derecho a la educación supone permanecer, aprender, formarse, concluir los estudios y adquirir capacidades suficientes para desenvolverse y contribuir al desarrollo comunitario. En México, una parte importante de la población no logra recorrer ese camino completo.
Hace apenas dos años, 24.2 millones de mexicanos se encontraban en rezago educativo, según datos del INEGI. En cifras internacionales, el 41% de la población de entre 25 y 34 años no había alcanzado la educación media superior, un porcentaje que contrasta severamente con el 13% promedio entre países miembros de la OCDE.
La trayectoria de una generación lo muestra con crudeza. De cada 100 estudiantes que iniciaron primaria en el ciclo 2007-2008, solo 33 lograron egresar de una licenciatura en 2023-2024, según la Secretaría de Educación Pública. La diferencia territorial es aún más marcada, en Ciudad de México llegaron al final 57 de cada 100; en Oaxaca, apenas 14; en el Estado de México, 30.
No es solo una cuestión de eficiencia terminal. Es una diferencia en las oportunidades disponibles a lo largo de la vida. El ingreso del hogar sigue influyendo de manera directa, la asistencia a educación superior entre la población de mayores ingresos supera ampliamente a la de los sectores con menos recursos. Las brechas entre zonas urbanas y rurales son igualmente persistentes. El derecho está reconocido para todos, pero las posibilidades reales de ejercerlo siguen dependiendo, en buena medida, del lugar donde se nace y de los recursos familiares.
Desde el enfoque de derechos humanos, la educación no se cumple únicamente porque exista una escuela. La Observación General N.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU estableció que debe satisfacer los requisitos de disponibilidad (servicios educativos suficientes), accesibilidad (sin barreras económicas ni territoriales), aceptabilidad (enseñanza de calidad, pertinente y respetuosa) y adaptabilidad (capaz de responder a las necesidades de estudiantes y comunidades). Cada uno de esos, es condición para los demás; no basta con cumplir uno.
México ha avanzado en cobertura, pero el problema ya no se reduce a cuántos niños entran a la escuela. La pregunta es, ¿qué ocurre después?
Los resultados de PISA permiten acercarse a una parte de la respuesta. México continúa por debajo del promedio de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias, y una proporción importante de estudiantes de 15 años no alcanza los niveles mínimos de competencia en estas áreas. PISA no explica por sí sola el estado de la educación mexicana, ni debe usarse como una sentencia sobre estudiantes o docentes. Las condiciones sociales, familiares, territoriales e institucionales pesan en el aprendizaje. Pero esos resultados
plantean una pregunta difícil de evadir: ¿qué están aprendiendo los alumnos durante los años que permanecen dentro del sistema escolar?
Ampliar la cobertura sin asegurar aprendizajes suficientes significa cumplir solo una parte del derecho.
Un estudiante puede permanecer años en la escuela y tener dificultades para comprender un texto, resolver un problema matemático, interpretar información o distinguir entre una afirmación sustentada y una noticia falsa. En una sociedad atravesada por redes sociales, inteligencia artificial y volúmenes masivos de información, esas capacidades ya no son accesorias, son condición para la participación ciudadana y para el ejercicio de otros derechos.
El problema tampoco termina en la experiencia individual. Un país con una población que no desarrolla capacidades educativas suficientes enfrenta mayores dificultades para elevar su productividad, incorporar tecnología, generar conocimiento y participar en actividades económicas de mayor valor agregado.
La educación tiene, además, efectos políticos y sociales directos. Una democracia necesita ciudadanos capaces de comprender decisiones públicas, identificar información confiable, conocer sus derechos y participar con elementos suficientes en los asuntos colectivos. Un título no garantiza mejores ciudadanos, pero sí amplía las herramientas para comprender el entorno y tomar decisiones informadas.
La desigualdad educativa reproduce otras desigualdades. Las familias con mayores recursos pueden pagar mejores escuelas, tecnología, idiomas, tutorías y actividades complementarias. Para otros hogares, permanecer en la escuela compite con la necesidad de trabajar o aportar al ingreso familiar. Ahí aparece una de las contradicciones más hondas del sistema educativo Mexicano, proclamamos un derecho universal dentro de una sociedad profundamente desigual.
Garantizar ese derecho requiere más que aumentar la matrícula. Implica evitar que el ingreso familiar determine la calidad de la educación recibida; recuperar aprendizajes; fortalecer la formación y el acompañamiento docente; reducir las diferencias entre territorios; mejorar infraestructura y conectividad; ampliar opciones técnicas y profesionales, y crear condiciones para que abandonar la escuela no sea una consecuencia de la pobreza. También obliga a revisar qué medimos: la cobertura indica cuántos ingresan, la eficiencia terminal muestra cuántos concluyen, las evaluaciones permiten observar qué aprendieron. Ningún indicador basta por separado.
La pregunta que debería orientar la política educativa es más sencilla y más exigente a la vez: ¿cuántos niños y jóvenes pueden realmente estudiar, aprender y concluir su formación sin que su origen social determine hasta dónde llegarán? Mientras esa respuesta siga dependiendo del ingreso familiar, del territorio o de las condiciones en las que se nació, el derecho a la educación seguirá siendo formalmente universal, pero materialmente desigual.
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