La vulnerabilidad hídrica que azota a dos tercios de los municipios mexiquenses no es un designio ineludible de la naturaleza, sino el saldo trágico de la desatención institucional y el crecimiento urbano desordenado que por décadas han ignorado los mapas de riesgo. Resulta imperativo que la instalación del Consejo Estatal de Protección Civil trascienda la retórica burocrática y se traduzca en obras hidráulicas de gran calado, un riguroso ordenamiento territorial y una cultura de prevención real para proteger a esos casi 15 millones de habitantes que hoy flotan sobre la incertidumbre.
Bajo la supervisión de la gobernadora Delfina Gómez, la construcción del puente vehicular Peñón-Texcoco avanza a paso firme para saldar una deuda histórica de movilidad y conectividad en el oriente mexiquense. Más allá de losas, pilotes y cifras de inversión, esta obra representa un respiro indispensable para los miles de automovilistas y usuarios de transporte público que a diario padecen el colapso vial entre municipios clave y la capital del país.
El incremento superior al 10% en las denuncias por delitos cometidos por servidores públicos en el Estado de México evidencia que la impunidad y el abuso de poder siguen siendo una herida abierta en la administración pública. Que casi la mitad de estos casos se concentren en sólo seis municipios gobernados por la opacidad demuestra la urgencia de implementar fiscalías anticorrupción más eficaces, controles internos estrictos y una rendición de cuentas real que castigue con firmeza a quienes traicionan la confianza ciudadana.
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