La advertencia sobre la violencia digital no es retórica ni exagerada: es una señal de alarma para la democracia. Como lo expuso Amalia Pulido, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, la agresión en entornos virtuales ha logrado lo que antes se atribuía a prácticas más visibles: expulsar a mujeres de la vida pública y erosionar sus derechos político-electorales. Que casi siete de cada diez casos de violencia política contra mujeres ocurran en la digitalidad revela que las redes no son un espacio neutral, sino un terreno donde persisten desigualdades estructurales y vacíos normativos. Frente a ello, el llamado no puede quedarse en la denuncia; requiere marcos legales sólidos, empoderamiento tecnológico y una participación activa de las mujeres en el diseño y regulación de la era digital. Ignorar esta forma de violencia no solo perpetúa la exclusión, sino que debilita la representación y la pluralidad que toda democracia exige.
Transparencia bloqueada
La denuncia del regidor Óscar Regino Esquila expone una tensión recurrente en los ayuntamientos: la resistencia de los gobiernos locales a la rendición de cuentas. Que un integrante del cabildo haya tenido que acudir en once ocasiones al Tribunal Electoral del Estado de México para acceder a información básica sobre presupuesto, nómina y gasto público no habla de un exceso de litigio, sino de un déficit institucional. Más aún, cuando el propio TEEM ha confirmado omisiones y sancionado a funcionarios municipales, queda claro que el problema no es político, sino administrativo. El caso de Temoaya vuelve a poner sobre la mesa que la transparencia no es una concesión del poder, sino una obligación legal, y que obstaculizar debilita la función deliberativa del cabildo y erosiona la confianza ciudadana en los gobiernos municipales.
Cuando la extorsión no cobra
Los resultados presentados en la Mesa de Paz encabezada por Delfina Gómez muestran que, frente a un delito tan extendido y silencioso como la extorsión, la coordinación institucional y la denuncia ciudadana pueden marcar la diferencia. Evitar el pago de más de 12 millones de pesos en apenas una semana no es un dato menor, sino una señal de que la Policía Cibernética ha comenzado a cerrar espacios a las redes de fraude que operan desde la intimidación y el engaño. Sin embargo, el volumen de reportes recibidos también revela la magnitud del problema y la vulnerabilidad cotidiana de la población ante llamadas y amenazas falsas. El reto para el gobierno estatal no es solo mantener la efectividad operativa, sino consolidar una estrategia preventiva que reduzca la incidencia y fortalezca la confianza social, de modo que la extorsión deje de ser un delito tolerado por el miedo y se convierta en uno sistemáticamente denunciado y contenido.
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