La iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para reformar el marco legal en materia de desaparición de personas coloca sobre la mesa una de las heridas más profundas del país y, en particular, del Estado de México, donde las cifras dejan poco margen para la indiferencia. El planteamiento de activar de manera inmediata una Alerta Nacional de Búsqueda y de obligar a la interconexión de bases de datos biométricos, forenses y tecnológicos apunta a cerrar los vacíos institucionales que durante años han entorpecido la localización de personas. Sin embargo, el reto no será sólo normativo: la eficacia de estas reformas dependerá de su aplicación real, de la coordinación entre autoridades y del equilibrio entre seguridad y derechos humanos, en un contexto donde municipios como Ecatepec, Toluca o Nezahualcóyotl siguen concentrando la tragedia cotidiana de miles de familias que esperan algo más que buenas intenciones legislativas.
La deuda pendiente con las mujeres
La reasignación de recursos para atender la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México vuelve a exhibir una paradoja recurrente: el presupuesto existe, pero su impacto ha sido limitado. Que el monto se mantenga sin cambios desde hace varios años plantea dudas legítimas sobre la eficacia de una estrategia que no ha logrado contener ni los feminicidios ni las desapariciones en los municipios con alerta. En este contexto, el posicionamiento de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón resulta clave al poner el acento en la necesidad de reorientar el gasto y corregir fórmulas que han permitido desviar recursos hacia obra pública ajena al objetivo central. El desafío, más que administrativo, es político: garantizar que el dinero se traduzca en acciones concretas, Centros de Justicia, espacios seguros y atención especializada, y no en cifras que, año tras año, terminan diluyéndose frente a una violencia que no da tregua.
Ajustes pendientes
El anuncio del presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, sobre la necesidad de una reforma electoral local abre una discusión ineludible en el Estado de México, donde el costo de la democracia y la eficacia de sus instituciones vuelven a estar en el centro del debate. La propuesta de regular, no recortar, el financiamiento a los partidos, limitar sin desaparecer la representación proporcional y fortalecer al IEEM apunta a un ajuste fino del sistema, más que a una ruptura, aunque el verdadero desafío será traducir estas intenciones en reglas claras y consensos amplios. Esperar la definición federal para homologar cambios puede ser políticamente prudente, pero también implica el riesgo de posponer decisiones urgentes en lo local, en un contexto donde la exigencia ciudadana no es menor gasto a ciegas, sino mayor rendición de cuentas y una competencia electoral.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
