La discusión sobre la reforma al ISSEMyM vuelve a evidenciar que los ajustes parciales ya no alcanzan, y aunque el Ejecutivo plantea algunos cambios, incluso Francisco Vázquez Rodríguez reconoce que el instituto requiere una “cirugía mayor” para 2027, algo que Morena pospuso durante años mientras la crisis avanzaba. Si bien la reforma integral que ahora demanda busca garantizar viabilidad financiera, mejorar la atención médica y obligar a los municipios morosos a cumplir, el desafío será que no termine en medidas impopulares disfrazadas de responsabilidad fiscal. Además, el reconocimiento tardío de errores —como señala la oposición— muestra que el desgaste del ISSEMyM no sólo proviene de sus reglas internas, sino de decisiones políticas que evitaron enfrentar a tiempo la problemática. La urgencia es real, pero una reforma profunda deberá ir más allá del aumento gradual en requisitos de jubilación y enfocarse en transparencia, eficiencia y disciplina financiera para evitar que el instituto siga pagando el costo de años de omisiones.
Aprieta medidas
La iniciativa presentada por Delfina Gómez para endurecer las penas por abuso y hostigamiento sexual representa un avance importante en el marco legal del Estado de México, pero también deja claro que la respuesta punitiva, por sí sola, no resolverá un problema que es estructural. Incrementar años de prisión y sanciones económicas envía un mensaje contundente, especialmente hacia funcionarios y personal educativo que abusan de su posición, pero el reto real está en garantizar que estos delitos se investiguen con eficacia y sin revictimización, algo que históricamente ha fallado en la entidad. Que las denuncias se persigan de oficio es un acierto, aunque su impacto dependerá de que policías, ministerios públicos y jueces cumplan la ley sin omisiones ni prácticas de desestimación que han sido parte del problema. La propuesta de la gobernadora apunta en la dirección correcta, pero solo tendrá sentido si va acompañada de capacitación institucional, seguimiento a víctimas, presupuesto suficiente y una política integral de prevención que no se reduzca a castigar, sino a transformar las condiciones que permiten la violencia.
Infraestructura en deuda
La entrega de apoyos inmediatos anunciada por Pedro Rodríguez Villegas para las familias afectadas en San Miguel Xochimanga muestra una respuesta oportuna, pero también evidencia la fragilidad de la infraestructura hídrica que, año tras año, pone en riesgo a miles de habitantes. Si bien los 50 mil pesos por vivienda representan un alivio temporal y la intervención de áreas municipales fue rápida, la discusión de fondo sigue pendiente: ¿por qué un sistema como el Barrientos continúa operando con fallas que derivan en colapsos tan graves? La reacción del gobierno municipal fue adecuada en la emergencia, pero la verdadera responsabilidad recae en garantizar mantenimiento preventivo, coordinación interinstitucional y planes de inversión que eviten que la ciudadanía pague, nuevamente, las consecuencias de obras viejas o descuidadas. La asistencia económica ayuda, pero no debe sustituir las acciones de largo plazo que impidan repetir este escenario.
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