La exigencia planteada en el Congreso local para dotar al Estado de México de una Ley de Participación Ciudadana sólida y vinculatoria resulta urgente para frenar la opacidad y la discrecionalidad administrativa. Es un acierto que desde el Poder Legislativo se impulse un ejercicio abierto e incluyente, reconociendo que la sociedad organizada representa el contrapeso más legítimo frente a la centralización del poder. Dotar a los mexiquenses de herramientas reales para auditar el gasto público y vetar malas políticas transformará la gobernanza en la entidad. La pluralidad de voces académicas, comunitarias e institucionales congregadas en este foro marca la ruta correcta hacia un marco normativo a la altura del siglo XXI. Con este esfuerzo, el Congreso demuestra que el diseño de las leyes debe construirse escuchando directamente las demandas de la ciudadanía.
El derribo del puente peatonal en Santa María Caliacac, realizado sin la certeza convenida sobre la nueva infraestructura, refleja una preocupante falta de sensibilidad y respeto a los acuerdos firmados con la comunidad. Resulta inadmisible que las obras del Tren México-Querétaro avancen bajo la imposición y el incumplimiento de minutas de trabajo previamente establecidas entre vecinos y autoridades federales. La molestia de los habitantes está más que justificada al verse marginados de un proceso que vulnera su movilidad cotidiana y su seguridad peatonal. Es urgente que las instancias responsables restablezcan el diálogo con los pobladores de Teoloyucan y garanticen un paso provisional verdaderamente seguro. Ningún proyecto de conectividad nacional puede ni debe imponerse a costa de ignorar la palabra empeñada y los derechos de las comunidades locales.
La decisión de la gobernadora Delfina Gómez de ampliar los cruces peatonales de cinco a siete metros en la Avenida Solidaridad Las Torres marca un paso firme hacia una movilidad verdaderamente incluyente y segura. Es de reconocerse que la administración estatal ponga al centro de sus políticas a los peatones, adultos mayores, personas con discapacidad y ciclistas, alineándose puntualmente con la nueva Ley de Movilidad. Intervenir estos 27 cruceros estratégicos del Valle de Toluca no solo ordena el tránsito vehicular, sino que dignifica el espacio público en una de las vialidades más transitadas de la región. Con acciones tangibles como esta, el gobierno estatal demuestra su compromiso con la prevención de accidentes y la protección de los sectores más vulnerables. Estas obras confirman una visión de gobierno sensible a las demandas ciudadanas y enfocada en transformar la seguridad vial desde las calles.
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