La posible rescisión de los contratos PPS y APP en el Estado de México destapa un viejo problema que ahora golpea directamente a las finanzas públicas. El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, admitió que estos esquemas no han dado los resultados esperados y que deshacerlos podría costar hasta 10 mil millones de pesos, una cifra que obliga a avanzar con cautela. Mientras especialistas revisan cada convenio, el desafío es conciliar con las empresas sin comprometer más recursos ni prolongar acuerdos que dejaron de ser útiles. El gobierno busca una salida ordenada, pero el caso confirma que, en la entidad, la infraestructura también carga su propia factura política y financiera.
Listo para votarse
El avance del Paquete Económico 2026 en el Congreso mexiquense refleja una dinámica política donde el consenso busca imponerse al mero trámite. El presidente de la JUCOPO, Francisco Vázquez, asegura que existen las condiciones para votar el proyecto el 10 de diciembre, pero detrás del optimismo persiste la presión por ajustar cifras y atender demandas que no pueden seguir postergándose. Aunque hubo avances en temas como el ISSEMyM y las aportaciones carreteras, las voces legislativas insisten en que salud, seguridad y fortalecimiento municipal requieren un espacio real en el presupuesto. La negociación seguirá al límite, y será en el dictamen final donde se verá si el diálogo ofrecido por la mayoría es suficiente para devolverle solidez a las prioridades del Estado de México.
Aplicación queda en pausa
La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito en el Estado de México confirma una realidad incómoda: la tecnología va más rápido que la capacidad operativa del gobierno. Mientras miles de infracciones captadas por cámaras ya están validadas y listas para cobrarse, en las calles las 419 oficiales siguen imposibilitadas para sancionar porque los dispositivos handheld no han sido actualizados. El propio Eduardo Pico Gallegos reconoce que, en la práctica, el reglamento aún no se aplica. Esta brecha evidencia una falta de planeación que deja a la ciudadanía en un limbo, donde la norma existe, pero su cumplimiento depende de un sistema que funciona a medias. La autoridad debe cerrar cuanto antes esa distancia entre el discurso y la realidad, porque la movilidad y la seguridad vial no pueden esperar a que la tecnología y la logística se pongan de acuerdo.
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