La ruptura en la red del Sistema Barrientos vuelve a exhibir la fragilidad de la infraestructura hidráulica en Atizapán y la urgencia de una estrategia preventiva que vaya más allá de atender emergencias sobre la marcha; aunque CAEM y Sapasa trabajan contrarreloj para concluir la reparación en 72 horas y desplegar pipas en las zonas afectadas, el saldo de 30 viviendas inundadas evidencia que el mantenimiento ha sido insuficiente y que las familias siguen pagando las consecuencias. El seguro contratado por el gobierno municipal es un alivio temporal, pero no sustituye la necesidad de inversiones sostenidas, supervisión técnica rigurosa y una planeación que garantice que episodios como este, que en cuestión de minutos cambian la vida de decenas de personas, no se repitan año tras año.
El paquete fiscal 2026 revela, una vez más, la urgente necesidad de poner orden en las finanzas públicas, pero también el enorme reto de no convertir los programas de regularización en un “borrón y cuenta nueva” permanente que premie la morosidad. Como bien expone el diputado Francisco Vázquez, la propuesta ofrece herramientas para que tanto contribuyentes como entes públicos se pongan al corriente, incluso con reducciones de hasta 100% en multas y recargos, lo cual puede ser positivo si realmente se traduce en una cultura de cumplimiento y no en una invitación tácita a diferir obligaciones cada año. La inclusión de subsidios para organizaciones dedicadas al bienestar animal y el impulso a la vivienda social son aciertos, pero el verdadero desafío será garantizar que estos incentivos se apliquen con transparencia.
La detección reciente de diversas chelerías y bares irregulares en Cuautitlán Izcalli evidencia un problema acumulado de supervisión y permisos que se había normalizado durante años. En este contexto, el alcalde Daniel Serrano afirma que los operativos buscan ordenar el funcionamiento comercial y garantizar que los negocios cumplan con la normativa vigente. La medida refleja un intento de reforzar la seguridad desde una perspectiva integral, que incluye la regulación del uso de suelo y la revisión de establecimientos que operan fuera de la ley. También pone sobre la mesa la necesidad de evaluar las omisiones de administraciones anteriores y de asegurar que estas acciones se mantengan como parte de una política constante y no solo como una intervención momentánea.
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