La versión sobre la posible asistencia de Francisco Vázquez al Super Bowl LX vuelve a colocar bajo escrutinio la conducta pública de quienes ocupan posiciones clave en el poder legislativo mexiquense. Aunque no existe confirmación oficial ni posicionamiento del propio actor político, el simple señalamiento ha sido suficiente para abrir el debate sobre prudencia y congruencia en el ejercicio del cargo. En una coyuntura donde la exigencia ciudadana se centra en resultados y austeridad, cualquier imagen asociada a eventos de alto perfil puede traducirse en desgaste político. Más que el hecho en sí, lo que pesa es la narrativa: en política, la percepción también gobierna.
El conflicto por el nuevo Libramiento en Melchor Ocampo revela el choque recurrente entre planeación urbana y presión económica. Una obra pensada para tránsito ligero, financiada con recursos públicos y respaldada por la demanda vecinal, hoy enfrenta la intención del transporte de carga de apropiarse de una vialidad que no fue diseñada para ese peso ni frecuencia. La alcaldesa Victoria Víquez Vega tiene razón al sostener que no se trata de confrontar a los transportistas, sino de proteger infraestructura que costó 12 millones de pesos y cuya vida útil depende de su uso adecuado. Sin reglas claras de circulación regional, el problema sólo se traslada de un punto a otro, deteriorando calles locales y tensando la relación entre autoridad y sectores productivos; la solución exige coordinación metropolitana, no decisiones aisladas.
Las observaciones por 13 mil 198 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación al Estado de México no son un dato menor ni un trámite administrativo más: representan un foco rojo sobre la gestión del gasto federalizado. Que más de la mitad del monto por aclarar se concentre en municipios y que el grueso, en el caso estatal, provenga de Participaciones Federales, obliga a revisar no sólo la ejecución, sino los mecanismos de control interno y rendición de cuentas. No se trata de prejuzgar desvíos, sino de exigir transparencia puntual y solventación técnica, especialmente cuando aparecen en la lista demarcaciones con alta densidad poblacional y también universidades públicas como la Universidad Autónoma del Estado de México. La fiscalización no debe verse como confrontación política, sino como termómetro de disciplina financiera en un contexto donde cada peso público está bajo escrutinio ciudadano.
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