La posible renuncia de Daniel Sibaja González a la Secretaría de Movilidad del Estado de México abre más preguntas que certezas en un momento particularmente sensible para la agenda de infraestructura de la administración de Delfina Gómez Álvarez. No se trata sólo de un relevo administrativo, sino de la interrupción, al menos temporal, de proyectos estratégicos que concentran miles de millones de pesos y una alta expectativa social, como el SITREM o el Mexibús Línea VI del Valle de Toluca. La falta de claridad sobre los motivos de su salida, sumada a las controversias que marcaron su gestión, desde el llamado "tarifazo" hasta episodios de desgaste político, obliga al Ejecutivo estatal a actuar con rapidez y precisión para evitar que la movilidad vuelva a convertirse en un flanco de crítica ciudadana. En un gobierno que ya acumula cinco ajustes internos, el relevo en una de las dependencias más visibles pondrá a prueba no sólo la capacidad de continuidad técnica, sino la solidez política de un proyecto que prometió orden, sensibilidad social y resultados medibles en uno de los servicios más demandados por los mexiquenses.
Un alto constitucional
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar disposiciones clave de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México exhibe una falla de origen que va más allá de un tecnicismo jurídico: la tentación de legislar con ambigüedad y exceso. Al anular artículos que vulneraban principios básicos como la legalidad, la seguridad jurídica y la taxatividad, el máximo tribunal pone un alto a normas que abrían la puerta a interpretaciones discrecionales y sanciones imprecisas, particularmente en conductas tan amplias como "faltar al respeto" en eventos públicos. Más aún, la pretensión de crear un Registro de Personas Infractoras sin competencia constitucional refleja un desconocimiento —o desdén— por los límites del poder local. El fallo no sólo reivindica el papel de la CNDH como contrapeso, sino que envía un mensaje claro al Congreso mexiquense: la justicia cívica no puede construirse a costa de derechos fundamentales ni de invasiones de facultades. Legislar con prisas y sin rigor termina, inevitablemente, en los tribunales.
Aire bajo consenso
La intención de homologar la política de calidad del aire en la megalópolis abre un debate inevitable entre la urgencia ambiental y la viabilidad operativa de las medidas. La propuesta, explicada por la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, Alhely Rubio Arronis, apunta a una coordinación regional largamente postergada, pero también expone rezagos estructurales que no pueden soslayarse: desde la disparidad tecnológica en los verificentros hasta la aplicación desigual de multas y sanciones. Unificar criterios puede fortalecer el combate a la contaminación, siempre que no se traduzca en una carga adicional mal explicada para la ciudadanía ni en medidas punitivas sin capacidad real de supervisión. Si el objetivo es mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública, el reto será construir una política metropolitana eficaz, gradual y transparente, que acompañe la exigencia con infraestructura, información y corresponsabilidad social, y no sólo con restricciones.
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