La acumulación de ocho denuncias firmes contra el Ayuntamiento de El Oro revela un escenario que trasciende la confrontación política y plantea cuestionamientos serios sobre la conducción administrativa del gobierno municipal, pues los señalamientos abarcan desde presuntas irregularidades laborales hasta posibles actos de corrupción; aunque los procedimientos aún se encuentran en etapa de integración y deberán resolverse conforme a derecho, el contexto obliga a la administración encabezada por Juana Elizabeth Díaz Peñaloza a asumir una postura de apertura y rendición de cuentas, ya que la magnitud y diversidad de las acusaciones demandan claridad, respuestas institucionales y un compromiso efectivo con la legalidad para recuperar la confianza pública.
Las denuncias por presuntos actos de extorsión cometidos por servidores públicos de la propia Fiscalía evidencian la profundidad del problema y el daño institucional que estas prácticas generan en la confianza ciudadana, especialmente cuando ocurren en vías de alta circulación; si bien la separación de 10 elementos y la integración de investigaciones representan un primer paso necesario, el verdadero reto para la FGJEM será garantizar que los procesos lleguen a consecuencias jurídicas reales y no se queden en medidas administrativas temporales, pues solo con sanciones ejemplares, transparencia y protección efectiva a las víctimas se podrá combatir la impunidad que alimenta el silencio y el miedo a denunciar.
El modelo del Juzgado LIBRE introduce una herramienta orientada a reducir de manera sustantiva la brecha entre la denuncia y la protección efectiva, al incorporar tecnología y atención permanente para emitir medidas urgentes en contextos de alto riesgo; en ese sentido, la postura asumida por Héctor Macedo García coloca al Poder Judicial frente a un ejercicio de corresponsabilidad institucional, donde no solo se pone a prueba la capacidad técnica y presupuestal, sino la constancia para sostener el esquema en el tiempo, articularlo con las instancias de seguridad y traducir la innovación en una política pública con resultados verificables en la prevención de la violencia de género y la protección real de las víctimas.
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