La disminución de delitos de alto impacto en la zona oriente del Estado de México confirma que la seguridad mejora cuando hay mando, coordinación y continuidad. Los resultados del Mando Unificado Oriente —53 por ciento menos robo de vehículos y 24 por ciento menos homicidios dolosos— reflejan una estrategia que rompe con la lógica reactiva de otros años y coloca a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al frente de una política que privilegia el trabajo diario y la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el desafío no es menor: mantener estos números en una región tan compleja como la oriente y lograr que las estadísticas se traduzcan en calles más seguras y confianza ciudadana, sin que la narrativa oficial se adelante a una realidad que aún exige resultados sostenidos.
El crecimiento de un partido no se mide solo en votos, sino en la capacidad de sostener una estructura viva entre elecciones, y en ese terreno el PVEM en el Estado de México parece tener clara su apuesta. El encuentro encabezado por José Alberto Couttolenc Buentello con su estructura municipal apunta a una estrategia de control territorial y alineación política que busca evitar la dispersión y mantener presencia constante en los 125 municipios. En un escenario estatal marcado por la competencia y la volatilidad electoral, el reto del Partido Verde será convertir esa maquinaria organizativa en una agenda reconocible para la ciudadanía, donde el trabajo en campo no se limite a la movilización partidista, sino se refleje en gestión, cercanía y resultados concretos.
La iniciativa enviada al Congreso local para expedir una ley específica contra la extorsión parte de un reconocimiento ineludible: este delito se ha convertido en uno de los principales factores de miedo y control criminal en el Estado de México. Las cifras oficiales que ubican a la entidad entre las cuatro con mayor concentración de extorsiones explican la urgencia de una respuesta distinta, centrada menos en la tipificación penal —ya acotada por la reforma federal— y más en la coordinación, la prevención y la persecución efectiva. La creación de un consejo estatal, una estrategia integral, un centro de atención a denuncias y una fiscalía especializada apunta a corregir la dispersión institucional que ha favorecido la impunidad; El reto ahora es que este nuevo andamiaje legal se traduzca en denuncias protegidas, investigaciones sólidas y resultados visibles para una ciudadanía que ha aprendido a callar por desconfianza y miedo.
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