La disminución de delitos de alto impacto en la zona oriente del Estado de México confirma que la seguridad mejora cuando hay mando, coordinación y continuidad. Los resultados del Mando Unificado Oriente —53 por ciento menos robo de vehículos y 24 por ciento menos homicidios dolosos— reflejan una estrategia que rompe con la lógica reactiva de otros años y coloca a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al frente de una política que privilegia el trabajo diario y la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, el desafío no es menor: mantener estos números en una región tan compleja como la oriente y lograr que las estadísticas se traduzcan en calles más seguras y confianza ciudadana, sin que la narrativa oficial se adelante a una realidad que aún exige resultados sostenidos.

La ruta
El crecimiento de un partido no se mide solo en votos, sino en la capacidad de sostener una estructura viva entre elecciones, y en ese terreno el PVEM en el Estado de México parece tener clara su apuesta. El encuentro encabezado por José Alberto Couttolenc Buentello con su estructura municipal apunta a una estrategia de control territorial y alineación política que busca evitar la dispersión y mantener presencia constante en los 125 municipios. En un escenario estatal marcado por la competencia y la volatilidad electoral, el reto del Partido Verde será convertir esa maquinaria organizativa en una agenda reconocible para la ciudadanía, donde el trabajo en campo no se limite a la movilización partidista, sino se refleje en gestión, cercanía y resultados concretos.

Extorsión bajo la lupa
La iniciativa enviada al Congreso local para expedir una ley específica contra la extorsión parte de un reconocimiento ineludible: este delito se ha convertido en uno de los principales factores de miedo y control criminal en el Estado de México. Las cifras oficiales que ubican a la entidad entre las cuatro con mayor concentración de extorsiones explican la urgencia de una respuesta distinta, centrada menos en la tipificación penal —ya acotada por la reforma federal— y más en la coordinación, la prevención y la persecución efectiva. La creación de un consejo estatal, una estrategia integral, un centro de atención a denuncias y una fiscalía especializada apunta a corregir la dispersión institucional que ha favorecido la impunidad; El reto ahora es que este nuevo andamiaje legal se traduzca en denuncias protegidas, investigaciones sólidas y resultados visibles para una ciudadanía que ha aprendido a callar por desconfianza y miedo.
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