La convocatoria a un Periodo Extraordinario en el Congreso del Estado de México para analizar iniciativas en materia de seguridad pública coloca el tema en el centro de la agenda legislativa. Como señaló Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la JUCOPO, las propuestas buscan fortalecer la coordinación, la inteligencia y la respuesta institucional frente a delitos como la extorsión y la desaparición forzada. Reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y ampliar facultades de investigación puede mejorar la capacidad de reacción del Estado, siempre que vaya acompañado de controles y rendición de cuentas. El desafío para la Legislatura será que este ejercicio extraordinario se traduzca en resultados concretos y no solo en ajustes formales al marco legal.
Sube el salario, crece el reto
El aumento de 13 por ciento al salario mínimo busca mejorar el ingreso de los trabajadores, pero también plantea un reto para las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de México. Como señaló Mauricio Massud Martínez, presidente del Concaem, muchas de estas empresas ya operan con dificultades y el incremento llega en un año sin crecimiento económico y sin apoyos claros para el sector. Para negocios como restaurantes, comercios y servicios, el impacto en la nómina puede ser muy alto y llevar a algunos a la informalidad o al cierre. El desafío para las autoridades es acompañar esta medida con apoyos reales y reglas claras, para que mejorar el salario no signifique poner en riesgo a quienes generan la mayor parte de los empleos.
Año nuevo, aire viejo
La mala calidad del aire registrada tras los festejos de fin de año vuelve a exhibir una práctica social que se repite cada enero: celebrar sin medir las consecuencias ambientales. La activación de la Fase I de contingencia en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco no es producto del azar, sino del uso indiscriminado de pirotecnia y fogatas, agravado por condiciones climáticas adversas que ya se conocen con anticipación. Aunque las restricciones vehiculares y operativas buscan proteger la salud pública, su costo cotidiano recae en la ciudadanía, mientras persisten conductas que podrían evitarse. Más allá de aplicar programas de emergencia, el reto es generar una cultura de corresponsabilidad ambiental que entienda que la celebración no debe convertirse, cada inicio de año, en un factor de riesgo para la salud y la movilidad de toda una región.
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