La respuesta del gobierno de Tlalnepantla ante la explosión en la Unidad Habitacional Tlalcalli muestra eficiencia en los tiempos, pero también evidencia algo que desde hace años es urgente atender: la prevención. Los 4 millones de pesos destinados a los damnificados, entregados apenas cuatro días después del siniestro, reflejan voluntad política y capacidad operativa, pero no pueden convertirse en el único recurso frente a emergencias que, como la acumulación de gas, suelen estar precedidas por señales ignoradas. Es positivo que el alcalde Raciel Pérez Cruz hable de acompañamiento y programas de reubicación, especialmente en un municipio que ha enfrentado deslaves, incendios y otros riesgos. Sin embargo, más allá de la ayuda económica inmediata o de la coordinación interinstitucional que presumen las autoridades, lo indispensable es una política permanente de prevención, supervisión y mantenimiento en unidades habitacionales y zonas vulnerables. La verdadera eficacia de un gobierno no se mide solo por su reacción después de la tragedia, sino por su capacidad para evitarla.
La marcha que este sábado recorrió las calles de Toluca es un recordatorio de que la inconformidad social no surge de un día para otro, sino de una percepción persistente de inseguridad y abandono. Que ciudadanos de municipios como Ixtlahuaca, Atlacomulco y varias localidades del Valle de México se sumaran al llamado nacional para exigir la revocación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum habla de un hartazgo que crece, especialmente cuando los índices delictivos siguen marcando la vida cotidiana de millones de familias. El asesinato del exalcalde Carlos Manzo en Uruapan terminó por encender un sentimiento que ya estaba ahí: miedo, indignación y la sensación de que la violencia no tiene freno. No importan los colores políticos ni las filiaciones; cuando la gente sale a las calles con una consigna tan contundente como “Cuando silencien mi voz, mi pueblo hablará por mí”, lo que hace es ocupar el espacio que las instituciones han dejado vacío. Se debe entender que la seguridad no se atiende con discursos, sino con resultados tangibles.
El banderazo que dio la gobernadora Delfina Gómez para la operación de más trenes de pavimentación en municipios del oriente mexiquense representa un paso relevante dentro de una región históricamente rezagada en infraestructura. La puesta en marcha de esta maquinaria, integrada en el Plan Integral del Oriente, refleja una apuesta por atender necesidades básicas que durante años se acumularon sin respuesta. Más allá de los anuncios, lo significativo es que los trabajos comiencen a verse en calles y carreteras donde la movilidad cotidiana se ha vuelto un desafío. Sin embargo, este tipo de intervenciones deberá sostenerse en el tiempo para evitar que quede solo en un esfuerzo coyuntural. Gómez ha insistido en que se trata de una decisión histórica para apoyar a comunidades que habían sido relegadas, pero el verdadero impacto del plan dependerá de la continuidad, la supervisión y la calidad de las obras que se ejecuten en los siguientes meses.
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