La entrega de las obras en la Secundaria “Diego Rivera” y el Centro de Estudios de Bachillerato en Zumpango refleja una apuesta tangible por la educación pública, una que no siempre se ve con la frecuencia o la profundidad necesarias. La presencia de Claudia Sheinbaum en la inauguración envía un mensaje claro: invertir en infraestructura educativa no es un lujo, sino una responsabilidad del Estado para garantizar que niñas, niños y jóvenes accedan a espacios dignos y funcionales. Su postura de que todos puedan avanzar de secundaria a preparatoria y de ahí a la universidad es una meta ambiciosa, pero es también el tipo de visión que puede transformar realidades si se sostiene con continuidad y recursos. Al mismo tiempo, el reconocimiento de la gobernadora Delfina Gómez a los apoyos federales muestra que, cuando hay coordinación entre niveles de gobierno, los resultados pueden sentirse en las comunidades.
La iniciativa presentada por la diputada Paola Jiménez llega en un momento en el que la discusión sobre tecnología y educación ya no puede seguir posponiéndose. Regular el uso de celulares en las escuelas no significa retroceder ni desconocer que vivimos en un mundo digital; significa reconocer que el acceso sin límites está afectando la atención, el aprendizaje y la salud emocional de niñas, niños y adolescentes. La evidencia es contundente: los menores pasan horas frente a pantallas, se exponen a contenidos que no siempre son adecuados y enfrentan riesgos como el ciberacoso. Ante ese panorama, la escuela debe recuperar su papel como espacio protector y formativo, no como extensión de las dinámicas digitales que tanto preocupan a madres, padres y docentes. Lo valioso de la propuesta de Jiménez no es solo la restricción, sino el equilibrio: permitir el uso del celular con fines pedagógicos o de emergencia y poner a los docentes al centro de la decisión.
El informe del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México deja claro que, pese a los avances en fiscalización, el Estado de México sigue enfrentando inconsistencias serias en adquisiciones, obra pública y contratación de personal, lo que evidencia prácticas administrativas que deben corregirse con urgencia. Las miles de observaciones y el monto señalado no pueden quedarse en un documento técnico: requieren voluntad política, transparencia y consecuencias reales para quienes no solventen los hallazgos. El discurso de que la rendición de cuentas es un acto de honestidad y un principio de gobierno es válido, pero ahora corresponde demostrarlo con hechos. Si la fiscalización quiere dejar de ser un trámite, este proceso debe traducirse en responsabilidad concreta, no en promesas recicladas.
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