La iniciativa para actualizar el órgano de gobierno de Probosque, enviada por la gobernadora Delfina Gómez y respaldada por legisladoras y especialistas en el Congreso mexiquense, apunta a corregir una deuda institucional que por años ha limitado la eficacia en la protección de los bosques del Estado de México: la dispersión de responsabilidades y la opacidad en la toma de decisiones. La reforma al Código para la Biodiversidad no sólo busca modernizar la estructura del organismo, sino establecer un esquema de coordinación interinstitucional más claro y con contrapesos administrativos, lo que en el papel podría traducirse en mejores resultados y mayor transparencia; el verdadero reto, sin embargo, será que esta reorganización no se quede en un rediseño burocrático y se refleje en políticas forestales efectivas, con indicadores medibles y acciones sostenidas frente al deterioro ambiental que enfrenta la entidad.

Metepec apuesta a la unidad
El primer Informe de gobierno de Fernando Flores en su segunda administración en Metepec apostó más al discurso político de la unidad y la cercanía que al simple recuento de cifras, en una narrativa cuidadosamente construida para reforzar liderazgo y continuidad. Con un mensaje emotivo y una numeralia amplia en seguridad, obra pública y desarrollo social, el alcalde buscó proyectar un municipio en transformación sostenida, con resultados visibles y una administración que se presenta como ordenada y eficaz; no obstante, el desafío para esta nueva etapa será consolidar estos avances con impacto de largo plazo y evitar que el tono triunfalista diluya la exigencia ciudadana de evaluar calidad, eficiencia y equidad en el ejercicio del gobierno. En un contexto nacional marcado por la polarización, Metepec plantea un modelo de gobernabilidad basado en el acuerdo, pero será la consistencia entre discurso y resultados lo que termine por validar esta apuesta política.

Reubican familias
La reubicación de 23 familias por la liberación del derecho de vía del Tren AIFA-Pachuca apunta a uno de los aspectos más sensibles de los grandes proyectos de infraestructura: la atención social a quienes habitan en las zonas intervenidas. La entrega de escrituras y la certeza jurídica que ahora tienen las familias representan un avance frente a prácticas del pasado, donde el desarrollo solía imponerse sin diálogo ni compensaciones claras; sin embargo, el verdadero balance de este tipo de acciones deberá medirse no sólo en actos protocolarios, sino en el seguimiento a largo plazo de las condiciones de vivienda, integración comunitaria y acceso efectivo a servicios, para que el discurso de justicia social se traduzca en bienestar sostenido.
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