Las recientes declaraciones de la gobernadora Delfina Gómez reflejan una postura realista ante el reto creciente que representan las lluvias intensas en el Estado de México. Al reconocer que su administración podría verse rebasada si continúan las precipitaciones, muestra un ejercicio de honestidad poco común en el discurso político. No obstante, esa admisión también pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura estatal y la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de prevención, atención y respuesta ante desastres naturales La gobernadora ha impulsado la supervisión territorial a través de sus secretarios, pero ha reconocido que no es suficiente. Su disposición para apoyar con albergues, hoteles o renta temporal muestra sensibilidad, pero debe acompañarse de una política integral de ordenamiento urbano, educación ambiental y modernización de la red pluvial. Largo es el camino.
Round 1
La preocupación expresada por José Alfredo Castillo, presidente de la asociación de boxeo en el Estado de México, pone sobre la mesa una fractura que no debería existir entre los organismos ciudadanos y las instituciones públicas. El distanciamiento con el titular del Instituto del Deporte del Estado de México, Manuel Sotomayor, revela una falta de diálogo y coordinación que, en última instancia, perjudica a los atletas. El boxeo mexiquense, como muchas otras disciplinas, depende de una política deportiva que entienda y respalde las necesidades reales de sus practicantes, no de una burocracia que los margina. La crítica de Castillo va más allá de una queja personal; es el reflejo de un desencuentro institucional que obstaculiza el desarrollo del talento deportivo en la entidad. Manuel Sotomayor, como cabeza del IDEMEX, tiene la responsabilidad de tender puentes, no levantar muros. Urge un replanteamiento del modelo de apoyo y vinculación entre el gobierno estatal y las asociaciones deportivas.
De lado, otra vez
Una vez más, el Congreso del Estado de México optó por la simulación legislativa: aunque anunció con entusiasmo la futura tipificación de la violencia vicaria y el acecho, volvió a dejar el tema en la congeladora. La omisión no es menor. Se trata de delitos que afectan de manera directa y brutal la vida de cientos de mujeres, quienes siguen sin encontrar en la ley un respaldo firme y oportuno frente a sus agresores. La falta de voluntad para concretar estas reformas revela una grave desconexión entre el discurso institucional y la realidad que enfrentan las víctimas. El compromiso con los derechos de las mujeres no puede seguir quedando en promesas aplazadas ni en iniciativas simbólicas. Mientras el Congreso dilata la aprobación, la violencia continúa, y con ella, la deuda del Estado crece.
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