El relevo en la Secretaría de Movilidad del Estado de México confirma que el ajuste era inevitable y que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez busca recomponer una de las áreas más sensibles de su administración, no solo por el peso político del sector, sino por la magnitud de los proyectos presupuestados para 2026 y el desgaste acumulado tras las controversias que marcaron la gestión de Daniel Sibaja, particularmente el aumento a la tarifa del transporte público. La llegada de Juan Hugo de la Rosa García, con experiencia probada en gobiernos locales y en el ámbito legislativo, abre una ventana de oportunidad para recuperar credibilidad y acelerar obras estratégicas como el Tren Ligero Texcoco-La Paz, el Trolebús Ixtapaluca y las nuevas líneas de Mexibús y Mexicable, aunque el desafío no será menor: traducir miles de millones de pesos en mejoras tangibles para los usuarios y responder a una ciudadanía cada vez más Exigente. En ese contexto, los nombramientos simultáneos en la Junta de Caminos, el Registro Civil y el Instituto de la Función Registral refuerzan la señal de que este quinto ajuste interno no es cosmético, sino un intento por imprimir mayor eficacia y control político a la segunda mitad del sexenio, cuyo éxito se medirá menos por los cambios en el gabinete y más por los resultados en la calle.
El arranque de los Senderos Seguros en Ecatepec representa una apuesta necesaria en un municipio donde la movilidad peatonal y la seguridad cotidiana han sido históricamente relegadas, y donde caminar sigue siendo, para muchos, una actividad de riesgo. La coordinación entre el gobierno federal y el ayuntamiento que encabeza Azucena Cisneros Coss envía una señal positiva de corresponsabilidad institucional, particularmente al intervenir vialidades de alta afluencia y destinar infraestructura básica como alumbrado público, recuperación del entorno y acciones urbanas integrales. No obstante, el verdadero alcance del programa no se medirá por la cifra de kilómetros anunciados ni por el número de postes instalados, sino por su capacidad de generar espacios realmente seguros, mantenidos y apropiados por la comunidad, en un municipio que exige políticas sostenidas y no intervenciones aisladas.
La postura asumida por el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, frente al conflicto en El Oro busca contener una escalada que, aunque se expresa en demandas sociales legítimas, tiene un trasfondo claramente político que no puede ignorarse. El llamado al diálogo y a encauzar las diferencias por la vía jurídica resulta pertinente ante una convocatoria que exige la destitución de la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, pero también evidencia la fragilidad institucional del municipio, donde la acumulación de omisiones en servicios básicos y las acusaciones internas por el control de las finanzas públicas han profundizado la crisis. Más allá de la movilización anunciada, el reto para el gobierno estatal será garantizar que el conflicto no derive en ingobernabilidad, al tiempo que se esclarecen responsabilidades y se evita que la disputa política termine por paralizar la administración local y afectar directamente a la población.
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