La posible alza en la tarifa del transporte público en el Estado de México ya no es sólo un rumor: el propio secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, ha admitido que la puerta está abierta. Aunque insiste en que no hay fecha ni acuerdo formal, su declaración deja claro que el debate con los transportistas está más vivo que nunca. No se trata sólo de subir el precio por subirlo, sino de negociar bajo la promesa de un plan de reestructuración que, hasta ahora, sigue siendo un enunciado pendiente de concreción. Más allá del aumento, la discusión de fondo es la urgente necesidad de transformar un sistema de transporte que, en muchos casos, opera con unidades obsoletas y condiciones precarias. El secretario ha puesto el acento en que los concesionarios deberán comprometerse a mejorar su infraestructura, pero la pregunta sigue en el aire: ¿habrá mecanismos reales para vigilar que esa mejora se cumpla, o el incremento terminará siendo, una vez más, un costo sin beneficio para los usuarios?
Otra más de Cenapaf
Mientras el gobierno estatal, con Delfina Gómez a la cabeza, ha adoptado la bandera del bienestar animal como una prioridad, en Valle de Bravo se tolera una operación plagada de omisiones e irregularidades. El caso del Centro de Bienestar Animal es alarmante: uso de medicamentos caducados, instalaciones quirúrgicas insalubres y perros trasladados sin expediente alguno a sitios no verificados. La falta de control y transparencia no solo pone en riesgo la vida de los animales, también evidencia la ausencia de voluntad para hacer cumplir la ley. Resulta incongruente que Alma Diana Tapia May, directora del Cepanaf, y Alhely Rubio, secretaria de Medio Ambiente, no asuman acciones contundentes ante estos hechos, más aún cuando ya se había abandonado previamente un centro en Atlacomulco. La auditoría realizada en marzo no deja lugar a dudas: 27 recomendaciones que deben ser atendidas con urgencia. No se puede hablar de bienestar animal desde el escritorio mientras en territorio persiste la negligencia institucional.
Tiempos extraños
El Poder Judicial del Estado de México atraviesa una etapa de aparente calma institucional, pero esa serenidad no debe confundirse con inmovilidad. Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, asegura que el trabajo continúa bajo el marco de la ley y con compromiso al estado de derecho. Sin embargo, el verdadero reto comienza con el proceso de transformación anunciado: la legitimación de jueces a través del voto popular, un cambio que no solo implica ajustes estructurales, sino también una sacudida al modelo tradicional de justicia. Este viraje hacia una justicia más cercana a la ciudadanía es, sin duda, ambicioso. Pero el riesgo está en que se convierta en un discurso sin ejecución efectiva. Como bien lo señaló Díaz Juárez, el cambio no será inmediato, pero tampoco puede permitirse un avance a paso lento. El Poder Judicial puede caer en la ilusión de transformación sin una verdadera renovación de fondo.
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