La extinción del INFOEM representa un retroceso alarmante en materia de transparencia y rendición de cuentas en el Estado de México. Bajo la dirección de José Martínez Vilchis, el organismo había sostenido una labor clave, y también cuestionada, en el acceso a la información pública, un derecho que ahora queda supeditado a la estructura del propio gobierno estatal. Lejos de fortalecer los contrapesos, la decisión del Congreso local abre la puerta a una opacidad institucionalizada, donde las dependencias que deberán asumir esas funciones. Con al menos 211 trabajadores que perderán su empleo, la desaparición del INFOEM también supone un golpe laboral de alto impacto, al margen de los argumentos políticos que la justifican. Aunque se ha prometido una liquidación conforme a la ley, el proceso deja entrever una falta de planeación y sensibilidad hacia quienes construyeron el sistema estatal de transparencia. El cierre de este instituto no sólo borra una estructura técnica consolidada, sino que revela la fragilidad de los organismos autónomos actualmente.
Contradicciones laborales
Aunque el Estado de México lidera a nivel nacional en generación de empleo formal, muchas vacantes siguen sin ocuparse no por falta de interés de la población, sino porque las empresas ofrecen trabajos con salarios bajos, jornadas extensas o ubicaciones inaccesibles. Así lo reconoció el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete, al señalar que los puestos disponibles en la bolsa de empleo estatal suelen ser operativos, de carga o de almacén, condiciones que no resultan atractivas ni sostenibles para muchas personas. El dinamismo económico no se traduce en empleos dignos, y ahí radica el verdadero reto. No se puede responsabilizar a los buscadores de empleo por rechazar trabajos que no garantizan bienestar ni seguridad. Las empresas deben asumir su papel en esta ecuación: no basta con generar vacantes, es necesario ofrecer condiciones laborales justas y competitivas. Si los trabajadores prefieren el autoempleo o la informalidad antes que aceptar puestos precarios, es una señal de alerta sobre la calidad del empleo que se está promoviendo. El gobierno puede facilitar, pero sin un compromiso del sector privado, los números por sí solos no bastan para hablar de progreso real.
Desinterés por sector indígena
La omisión de más de un tercio de los municipios obligados a contar con una Dirección de Asuntos Indígenas en el Estado de México refleja no solo una falta de voluntad política, sino un profundo desinterés por garantizar los derechos de los pueblos originarios. Aunque la ley es clara desde 2020, apenas el 62% ha cumplido con esta disposición, lo que deja en evidencia una política pública que ignora sistemáticamente la diversidad cultural y las necesidades específicas de las comunidades indígenas. La ausencia de estas direcciones municipales no es un asunto menor: implica que miles de personas indígenas carecen de un canal institucional para expresar sus demandas o defender sus derechos conforme a sus usos y costumbres. Esta omisión perpetúa la marginación histórica y contradice el espíritu de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, que debería garantizar participación y autonomía real. Sin voluntad de los gobiernos municipales para construir estructuras inclusivas, el reconocimiento legal se convierte en letra muerta.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.
