La confirmación de la primera detención de un mexiquense en Los Ángeles a raíz de las redadas del ICE pone en evidencia la urgencia de reforzar la protección consular y el acompañamiento jurídico a los connacionales. José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de México, reconoció el caso, pero omitió detalles clave sobre la identidad, situación legal y paradero del detenido. Esta falta de información no solo genera incertidumbre, también limita la capacidad de respuesta efectiva del Estado ante una crisis migratoria que exige transparencia y acción inmediata. La omisión de datos concretos por parte de José Pablo Montemayor Camacho respecto al mexiquense detenido en Estados Unidos refleja una preocupante opacidad institucional en medio de un contexto sensible. Si bien se reconoce el esfuerzo del gobierno para fortalecer el apoyo a los connacionales, las declaraciones imprecisas minan la confianza de las familias afectadas.
Cumplimiento patrimonial
El cumplimiento del 92 por ciento en la Declaración de Situación Patrimonial por parte de los servidores públicos del Estado de México durante 2025 es una muestra clara del avance en materia de transparencia y responsabilidad administrativa. La Secretaría de la Contraloría, encabezada por Hilda Salazar, ha logrado mantener un alto nivel de cumplimiento que refleja el compromiso institucional con la rendición de cuentas. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad: más de 37 mil funcionarios no han presentado su declaración, lo que representa un 8 por ciento del padrón. Este dato, lejos de ser un obstáculo, representa un llamado a reforzar la vigilancia y los mecanismos de sanción para garantizar que la totalidad del servicio público se conduzca con apego a la legalidad. La transparencia no es solo una meta, sino una práctica constante que se construye todos los días.
Satisfacción y reto
El alto índice de satisfacción, 95.43 por ciento, reportado por las beneficiarias del programa “Mujeres con Bienestar” es un indicio alentador sobre el impacto que puede tener una política social bien dirigida. Sin embargo, más allá de las cifras, corresponde al titular de la Secretaría del Bienestar, Juan Carlos González Romero, garantizar que este programa no sólo mantenga su eficiencia operativa, sino que evolucione en función de las necesidades reales de las mujeres mexiquenses, particularmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad. El reto ahora es fortalecer los mecanismos de transparencia, seguimiento y evaluación del impacto social del programa, para que los recursos públicos no se limiten a generar satisfacción momentánea, sino cambios estructurales y sostenibles en la vida de las beneficiarias.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.