El recorte de 456 millones de pesos al presupuesto del IEEM para 2026 coloca al instituto en una ruta complicada y obliga, como lo reconoce su presidenta Amalia Pulido Gómez, a replantear operaciones clave que sostienen la integridad de los procesos electorales. La reducción no solo compromete la compra anticipada de material electoral y la renta de órganos desconcentrados necesarios para 2027, sino que presiona áreas operativas que dependen del personal eventual para rehabilitar insumos bajo una política de reciclaje que ha demostrado ser eficiente. Ante un mercado saturado y la imposibilidad de anticipar adquisiciones estratégicas, la eventual petición de una ampliación presupuestal al Ejecutivo no parece un exceso, sino un intento por evitar que los ajustes financieros terminen por vulnerar la organización de los próximos comicios.
Exige auditoría
La exigencia pública de Cristina Ruiz Sandoval vuelve a encender los reflectores sobre un tema que, lejos de resolverse, sigue acumulando señalamientos: la opacidad en el uso de los recursos públicos. La dirigente priista no solo denuncia presuntos actos indebidos en la Junta Local de Caminos durante la gestión de Ariel Juárez, sino que coloca sobre la mesa un caso particularmente grave: la asignación de un contrato millonario a una empresa vinculada a un diputado federal, episodio que se suma al escándalo que terminó en la renuncia del exfuncionario. Ruiz Sandoval apunta a algo fundamental: sin auditorías serias, independientes y con resultados públicos, la confianza ciudadana se erosiona y la sospecha se normaliza, justo lo que una administración debería evitar a toda costa. Las observaciones del OSFEM a la Secretaría de Movilidad y las alertas de la Auditoría Superior de la Federación sobre adjudicaciones directas solo refuerzan la urgencia de una revisión profunda. En un contexto donde la vigilancia del gasto es indispensable, las instituciones están obligadas a dar explicaciones puntuales y verificables. Silenciar o minimizar las irregularidades no es una opción.
Apuesta por ampliar apoyos
La ampliación del programa Mujeres con Bienestar a 700 mil beneficiarias confirma que la administración de Delfina Gómez apuesta por fortalecer la política social con enfoque de género. El avance es significativo, pero deberá acompañarse de mecanismos sólidos de evaluación y transparencia para asegurar que el crecimiento no diluya su impacto. La entrega de apoyos y certificados educativos muestra una estrategia más amplia que el simple subsidio, orientada a construir autonomía real. El reto ahora es garantizar que estas acciones impulsen mejores oportunidades para las mujeres mexiquenses y se traduzcan en beneficios sostenibles para sus familias y comunidades.
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