La iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para crear la Ley del Derecho al Cuidado Digno representa un paso relevante para reconocer una labor históricamente invisibilizada y sostenida, en gran medida, por mujeres. Más allá del discurso, el reto será convertir el nuevo Sistema Integral de Cuidados en una política pública efectiva, con presupuesto, coordinación municipal y resultados tangibles para las familias mexiquenses. La propuesta abre la puerta a profesionalizar el trabajo de cuidados y otorgarle reconocimiento social y laboral, aunque su verdadero alcance dependerá de la capacidad institucional para llevar el derecho del papel a la vida cotidiana.

Baja violencia, persiste desafío
La reducción de más de 60 por ciento en homicidios dolosos en el Estado de México refleja que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal comienza a mostrar resultados concretos en una entidad históricamente golpeada por la violencia. La estrategia respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aplicada junto con la administración mexiquense apuesta por inteligencia, despliegue territorial y combate a la corrupción dentro de las estructuras públicas. Sin embargo, el desafío será sostener la tendencia y traducir las cifras en una percepción real de seguridad para millones de mexiquenses que aún enfrentan delitos cotidianos, extorsiones y violencia en diversas regiones del estado.

Ajustan reglas
La convocatoria a un Periodo Extraordinario en el Congreso mexiquense confirma que la reforma judicial y los cambios electorales continúan avanzando con rapidez en el ámbito legislativo. El aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 refleja el reconocimiento de que el proceso requiere ajustes técnicos y operativos para evitar improvisaciones que comprometan su legitimidad. Al mismo tiempo, la propuesta para sancionar la intervención extranjera en elecciones y modificar el Código Electoral abre un debate sobre los alcances de las nuevas reglas democráticas. El desafío será garantizar que las reformas fortalezcan la confianza ciudadana y no profundicen la polarización política en torno al sistema electoral y judicial del país.
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