Las mesas de diálogo para un posible aumento en la tarifa del transporte público reflejan la complejidad de equilibrar los intereses de los concesionarios con las necesidades económicas de la población. Aunque los transportistas alegan aumentos en combustibles y mantenimiento, cualquier ajuste debe estar condicionado a una mejora tangible en el servicio. La participación de Daniel Sibaja González como interlocutor clave es un signo de que la Secretaría de Movilidad busca encauzar la discusión con responsabilidad social. Resulta necesario que las autoridades de Movilidad mantengan la transparencia y pongan en el centro a los usuarios, quienes diariamente enfrentan unidades en mal estado, tiempos largos de espera y condiciones inseguras. Antes de cualquier incremento tarifario, se deben establecer compromisos verificables por parte de los operadores. La confianza ciudadana sólo se recuperará si el alza en el costo del pasaje se traduce en un transporte más eficiente, digno y seguro… algo que no ha pasado.
Sin camino a la transparencia
La intención del PRI de impulsar un nuevo órgano descentralizado en materia de transparencia tras la desaparición del Infoem resulta, cuando menos, paradójica. El propio Infoem ya contaba con autonomía técnica y de gestión, y su eliminación representa un retroceso institucional en un momento donde se exige mayor vigilancia ciudadana. Que ahora se proponga crear algo similar parece más un intento político de llamar la atención, pues el tricolor no tiene la mayoría en ningún lado. Las declaraciones de Cristina Ruíz buscan matizar una realidad más preocupante: en lugar de fortalecer al Infoem, se optó por desmantelarlo, dejando un vacío en la garantía de derechos fundamentales como el acceso a la información y la protección de datos personales. El PRI, como fuerza política que formó parte del diseño institucional de ese órgano, actúa como si siguiera en el poder y no asumen su lugar de oposición, oportunidades hay muchas.
Mientras Morena crece
Las cifras presentadas por Luz María Hernández Bermúdez, dirigente estatal de Morena, reflejan no sólo la capacidad de organización territorial del partido en el Estado de México, sino también su clara apuesta por consolidar una estructura partidista robusta rumbo a los próximos procesos electorales. Sin embargo, la afiliación masiva no debe confundirse con respaldo genuino si no va acompañada de formación política, inclusión real y mecanismos para evitar el clientelismo. Que Morena presuma haber alcanzado el 93% de su meta inicial en apenas siete meses evidencia una operación territorial intensa, particularmente en el Valle de México. Pero más allá de los números, el reto será convertir esas afiliaciones en militancia activa y crítica, no en simples cifras de control político. Si el objetivo es rebasar los 2 millones de afiliados, el partido debe demostrar que su crecimiento no depende sólo del arrastre del poder, sino de una propuesta política sólida y con arraigo.
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