El paro en la Universidad Autónoma del Estado de México ha llegado a un punto crítico. Lejos de fortalecer sus causas, el movimiento que mantiene tomadas varias facultades se ha debilitado por la falta de claridad en sus demandas, la ausencia de liderazgos visibles y una actitud confrontativa que hoy genera más rechazo que apoyo. La marcha realizada en Ciudad Universitaria por estudiantes que exigen el regreso a clases confirma que la comunidad ya no respalda una protesta que se percibe desgastada, sin rumbo y con fines poco transparentes. Pese a este escenario, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado ha sostenido el diálogo y mostrado disposición para atender las inconformidades legítimas del alumnado. No obstante, el grupo que mantiene los planteles cerrados insiste en imponer condiciones sin voluntad de consenso, y con ello obstaculiza el derecho a la educación de miles de estudiantes. La UAEMéx no puede seguir paralizada por intereses que han perdido legitimidad; es momento de que los espacios universitarios sean devueltos a sus verdaderos fines: el estudio, el debate y la formación crítica.
Problemas en Educación
El proceso de asignación de lugares para aspirantes al nivel medio superior en el Estado de México ha generado una profunda inconformidad entre padres de familia, quienes denuncian fallas técnicas, retrasos injustificados y asignaciones escolares que implican traslados de hasta tres horas. Esta situación no sólo evidencia una grave desorganización administrativa, sino también una falta de sensibilidad ante la realidad de miles de familias que enfrentan obstáculos económicos y logísticos para garantizar la educación de sus hijos. Llama la atención el silencio de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Estado de México, encabezada por Miguel Ángel Hernández Espejel, quien hasta ahora no ha ofrecido una explicación pública ni una ruta clara para corregir el problema. La opacidad y la falta de respuesta institucional agravan la incertidumbre de quienes aún esperan una solución. La educación no puede ser tratada como un trámite fallido; se requiere responsabilidad, transparencia y un compromiso real con el derecho al acceso educativo.
¿Y la violencia vicaria?
La violencia vicaria, esa forma de agresión en la que se utiliza a los hijos como herramienta para dañar a las mujeres, continúa sin ser sancionada penalmente en el Estado de México, a pesar de que desde junio se aprobaron tres iniciativas en comisiones para su tipificación. La omisión legislativa es alarmante: los dictámenes fueron turnados al Pleno para su votación, pero se retiraron de última hora de la orden del día, y el tema simplemente no avanzó por falta de consenso. Esta parálisis legislativa perpetúa la impunidad y envía un mensaje claro: la protección de los derechos de las mujeres y de la infancia sigue sin ser una prioridad. Jennifer Seifert Braun, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ha sido enfática: la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo, control o amenazas. Por eso urge no solo visibilizar esta violencia, sino también dotarla de una respuesta jurídica firme y efectiva. La propuesta del Frente para establecer penas de 8 a 10 años, pérdida de patria potestad y sanciones a abogados que obstaculicen la justicia es un paso necesario frente a un fenómeno que se ha convertido en negocio para actores legales sin ética. El Congreso mexiquense tiene una deuda con las víctimas.
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