El nuevo paro anunciado por transportistas y campesinos vuelve a exhibir una fractura persistente entre la operación cotidiana del país y la capacidad de respuesta institucional. Las demandas —combustibles, peajes, seguridad y apoyos al campo— no son nuevas, pero su reiteración sin solución efectiva revela un desgaste que ya impacta directamente a la ciudadanía. Bloquear accesos estratégicos a la Ciudad de México puede ser un recurso de presión, pero también profundiza el costo social de un conflicto mal atendido. En el Estado de México, donde las vialidades son arterias críticas, la afectación será inmediata para miles de trabajadores. El fondo del problema no es la protesta, sino la ausencia de interlocución eficaz que evite que la inconformidad escale a la parálisis.
La baja definitiva de los elementos señalados por abuso de autoridad en Toluca es una respuesta necesaria, pero no suficiente frente a un problema que erosiona la confianza pública. El gobierno de Ricardo Moreno Bastida actúo con rapidez, aunque el fondo exige más que sanciones individuales y deslindes institucionales. Casos como este, amplificados en redes, evidencian prácticas que no pueden reducirse a hechos aislados. La política de “cero tolerancia” debe traducirse en mecanismos preventivos y supervisión constante, no solo en reacciones correctivas. La credibilidad de la policía se reconstruye con resultados sostenidos, no con comunicados oportunos.
Con el proceso para elegir nuevas Consejerías en el INE y que perfiles mexiquenses están en la búsqueda, hay que refrescar la memoria. En 2020, cuando eligieron Consejerías en el IEEM hubo una postulante que obtuvo una calificación de 6.9 en su examen de conocimientos. Fue Karina Vaquera quien pudo colarse, por encima de otras postulantes mejor evaluadas, seguro este aspecto no pasará desapercibido por el Comité Técnico de Evaluación en la Cámara de Diputados Federal.
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