A mitad del año, el Sistema de Denuncias del OSFEM suma 76 reportes formales de posibles actos de corrupción, lo que refleja una ciudadanía cada vez más dispuesta a utilizar los canales institucionales para exigir rendición de cuentas. Sin embargo, estas cifras también evidencian que persisten malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, tanto a nivel estatal como municipal. El reto ahora es dar seguimiento puntual a cada una de las denuncias para que no queden archivadas, sino que generen consecuencias. La titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Liliana Dávalos Ham, enfrenta el desafío de consolidar la confianza en esta herramienta ciudadana, garantizando que las investigaciones derivadas de las denuncias sean independientes, transparentes y eficaces. De poco servirá contar con un sistema funcional si no se traduce en sanciones y cambios estructurales que prevengan la corrupción en el servicio público.
Créditos Colibrí
La decisión de enfocar el programa “Crédito Colibrí” en la zona oriente del Estado de México representa un acierto estratégico ante la necesidad de impulsar el desarrollo económico en regiones históricamente rezagadas. Chalco, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl concentran un alto potencial emprendedor que, con el apoyo adecuado, puede traducirse en generación de empleo y autosuficiencia económica. Esta política no sólo es pertinente, sino urgente para reducir desigualdades regionales. Laura González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene en sus manos una de las herramientas más relevantes para fortalecer el tejido empresarial local. El verdadero valor del programa radica en el acompañamiento técnico y financiero que puede marcar la diferencia entre el fracaso y la permanencia de un negocio. La continuidad de este tipo de acciones deberá medirse en cifras, en impacto social y sostenibilidad productiva.
Despojo en Edomex
Aunque la aprobación unánime de la reforma que endurece las penas por el delito de despojo en el Estado de México representa un avance legislativo, también evidencia lo tardía que ha sido la reacción institucional frente a un problema que lleva años afectando a miles de familias. El diputado Miguel Gutiérrez Morales, promotor de la iniciativa, capitaliza la demanda social legítima, pero habría que cuestionar por qué hasta ahora se legisla con contundencia, cuando ya existen múltiples casos impunes y víctimas que nunca obtuvieron justicia. La inclusión de notarios y servidores públicos en el ámbito penal es un acierto inédito, pero también una admisión tácita del nivel de colusión e impunidad que ha permeado a las instituciones del Estado. Si bien Gutiérrez Morales celebra la reforma como un acto sin precedentes, será necesario vigilar que ésta no quede como una medida simbólica, sino que se traduzca en investigaciones reales y castigos ejemplares.
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