La designación de Luis Eduardo Gómez García como presidente del TRIJAEM representa una prueba clave para la justicia administrativa en el Estado de México, no solo por la unanimidad que respaldó su nombramiento, sino por las expectativas que genera su discurso de unidad, eficiencia y cercanía con la ciudadanía. Su perfil técnico y experiencia institucional ofrecen condiciones para fortalecer al Tribunal en un contexto donde la confianza social en los órganos autónomos sigue siendo un desafío. Sin embargo, el señalamiento sobre la falta de paridad en la elección no debe minimizarse, pues evidencia una deuda pendiente en la conformación de liderazgos judiciales. El reto para Gómez García será traducir el consenso interno y la coordinación con el gobierno estatal en resultados tangibles: resoluciones oportunas, profesionalización real del personal y una justicia administrativa accesible que deje de percibirse como lejana o burocrática.
El "gota a gota", bajo la lupa
Las primeras 100 denuncias por préstamos "gota a gota" en Ecatepec confirman que la tipificación de la usura en el Estado de México no fue un gesto simbólico, sino una respuesta necesaria a una práctica que se había normalizado en la impunidad. Como ha señalado el diputado Octavio Martínez Vargas, la reforma ya está generando efectos al obligar al Ministerio Público a recibir e integrar las denuncias, incluso cuando no existen contratos de por medio. Sin embargo, el verdadero termómetro de su eficacia será la capacidad de las autoridades para llevar estos casos ante los jueces y obtener las primeras órdenes de aprehensión. Sin sanciones ejemplares, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel, mientras miles de familias continúan atrapadas en un esquema de deuda que se alimenta de la desesperación y la falta de acceso al crédito formal.
Apariencia oficial
Las denuncias sobre presuntos operativos de extorsión en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac, revelan una de las expresiones más graves de la descomposición institucional: el uso del miedo y la apariencia de autoridad para despojar a la ciudadanía. Como advirtió el diputado Samuel Hernández Cruz, no se trata de hechos aislados, sino de señalamientos reiterados que apuntan a detenciones arbitrarias, cobros ilegales y retenciones prolongadas, prácticas que minan la confianza pública y normalizan el abuso. La intervención del legislador al solicitar una investigación formal es pertinente, pero insuficiente si no se traduce en resultados visibles. Corresponde ahora a la Fiscalía y a las instancias de seguridad esclarecer si se trata de falsos agentes o de servidores públicos coludidos, y actuar con firmeza, porque cuando la extorsión se disfraza de operativo oficial, el daño no es solo económico, sino profundamente social.
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