La aprobación unánime de la nueva Ley contra la extorsión en el Estado de México envía una señal política relevante, pero su eficacia dependerá menos del diseño normativo y más de su ejecución. La homologación del tipo penal y la persecución de oficio, explicadas por Javier de Jesús Domínguez González, buscan cerrar vacíos legales y quitar la carga de la denuncia a las víctimas, uno de los grandes pendientes frente al "cobro de piso". No obstante, la creación de consejos, fiscalías y unidades especializadas corre el riesgo de engrosar la burocracia si no se acompaña de resultados medibles y cercanía con la ciudadanía. Las cifras de impunidad y cifra negra obligan a ir más allá del marco legal y reconstruir la confianza institucional. De lo contrario, la reforma podría quedarse en un ajuste técnico con escaso impacto real en uno de los delitos que más dañan la vida cotidiana.
Silencio tras desalojo
El desalojo de las oficinas del Partido del Trabajo en la capital mexiquense expone una arista incómoda de la vida política: la distancia entre el discurso y la práctica. Más allá del uso de la fuerza pública, el hecho se origina en un adeudo millonario por renta que el partido arrastró durante meses, pese a un litigio resuelto desde 2025. La imagen de mobiliario y documentos partidistas sobre la vía pública no solo refleja un conflicto legal, sino una falta de previsión y responsabilidad administrativa. Resulta llamativo que un instituto político que presume cercanía con la ciudadanía incumpla obligaciones básicas frente a un particular. El silencio del PT mexiquense frente a lo ocurrido agrava la percepción de opacidad. Al final, el episodio deja una pregunta abierta sobre la congruencia y la rendición de cuentas en la política local.
Morena ajusta agenda
La reunión plenaria de Morena, previa al arranque del próximo Periodo Ordinario, perfila un momento clave para medir la capacidad de orden y prioridades del grupo mayoritario. El anuncio de Francisco Vázquez Rodríguez sobre una agenda potencial de cerca de 80 temas confirma la amplitud de pendientes, pero también el riesgo de dispersión legislativa. La decisión de filtrar iniciativas viables y con impacto ciudadano apunta a un ejercicio de realismo político necesario. No obstante, la carga de propuestas en rezago exhibe un Congreso que aún arrastra inercias. La presencia de actores del Ejecutivo y del partido refuerza la coordinación, aunque también pone a prueba la autonomía parlamentaria. El reto será pasar del diagnóstico a resultados concretos antes de mayo. De lo contrario, la plenaria quedará como un ejercicio de planeación sin efectos tangibles.
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