El aún presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, deja ver que no piensa alejarse mucho del poder. A semanas de concluir su encargo, ya perfila su regreso como magistrado y anticipa su intención de contender en el proceso de elección judicial de 2027. Esta declaración, más que mostrar compromiso con la reforma del Poder Judicial, exhibe una apuesta por mantenerse en el círculo de decisión. En lugar de abrir paso a nuevos perfiles con legitimidad social, opta por anclar su permanencia al mismo sistema que ahora se intenta reformar. Resulta paradójico que quien preside el proceso de transición judicial, que busca ciudadanizar y transparentar el Poder Judicial, no sólo busque mantenerse dentro, sino además competir por el mismo puesto en una elección que aún no está reglamentada ni socialmente legitimada. Su postura refuerza la idea de que los cambios en el sistema judicial mexiquense siguen viéndose más como ajustes de forma que de fondo, y que la lógica de reciclaje institucional persiste, disfrazada de continuidad democrática.
El problema de los paristas
El arranque del semestre 2025B en la Universidad Autónoma del Estado de México quedó marcado por la incertidumbre y la parálisis. Mientras la rectora Patricia Zarza intenta mantener el equilibrio institucional tras un proceso de sucesión convulso, los grupos estudiantiles que mantienen el paro parecen haber perdido el rumbo y el respaldo social. A pesar de haber obtenido mesas de diálogo y compromisos formales de la Rectoría, como la no criminalización y el inicio de sanciones contra profesores señalados, el cierre prolongado de planteles evidencia que las exigencias han escalado a un terreno poco claro, donde el activismo ya no responde a una agenda concreta, sino a una dinámica de poder que ignora el derecho de miles de estudiantes a recibir clases. El escenario en Ciudad Universitaria, puertas cerradas, cadenas y banderas de huelga, es una imagen que lastima a la comunidad universitaria. El movimiento estudiantil parece apostar al desgaste, sin valorar que su legitimidad también se diluye cuando se impide el acceso al conocimiento que dicen defender.
La administración de Alfredo del Mazo
Las declaraciones de Jorge Ernesto Hernández Sánchez, coordinador de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría del Campo, revelan un panorama preocupante sobre la opacidad y la ineficiencia con que se operó el Seguro Agrícola Catastrófico en la administración estatal anterior. Resulta alarmante que, pese a destinar entre 40 y 60 millones de pesos a este programa, apenas se haya alcanzado una respuesta efectiva del 8 por ciento. Este bajo impacto no solo representa un despilfarro de recursos públicos, sino una omisión directa al deber de proteger a los productores más vulnerables frente a fenómenos climáticos extremos, en una entidad con amplia vocación agrícola. Más grave aún es el hecho de que las autoridades actuales no encuentren registros precisos de las parcelas supuestamente beneficiadas, lo que evidencia una falta total de control y seguimiento. Este caso no puede quedar en la mera anécdota administrativa: exige una auditoría profunda y sanciones.
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