La ruta que Morena plantea para la no reelección exhibe una contradicción de fondo: se promete cortar de tajo prácticas arraigadas, pero se pospone su aplicación hasta 2030 mientras se abren márgenes discrecionales para 2027. El propio coordinador parlamentario, Francisco Vázquez Rodríguez, reconoce que habrá "candados" definidos por la dirigencia y evaluaciones sobre el "trabajo realizado", una fórmula que, lejos de fortalecer la democracia interna, puede convertirse en un filtro político a conveniencia. En el discurso se privilegia ganar elecciones sobre competir en igualdad de condiciones, y aunque se anuncia el fin del nepotismo electoral, la decisión diferida y sujeta a reglas partidistas deja la impresión de que la austeridad moral se administra con calendario y cálculo, no con principios inmediatos.
Pensiones al límite financiero
El incremento presupuestal anunciado para el ISSEMyM confirma una realidad incómoda: más recursos no necesariamente significan viabilidad financiera. Los casi 47 mil millones de pesos previstos para 2026, con más de la mitad destinados al pago de pensiones, apenas contienen una crisis estructural que se arrastra desde hace años. En este contexto, la advertencia del diputado Maurilio Hernández González no es menor: mientras la aportación estatal siga siendo un subsidio discrecional y no una obligación legal, el Instituto permanecerá en un frágil equilibrio. El envejecimiento de la población, miles de trabajadores en puerta de jubilación y reglas pensadas para otra expectativa de vida dibujan un escenario que exige algo más que parches presupuestales: una reforma integral que asuma costos políticos hoy, o el colapso financiero mañana.
Avances legales, retos pendientes
El avance legislativo en favor de la diversidad sexual en el Estado de México marca un parteaguas, pero también plantea el reto de que las reformas no se queden en el plano simbólico. Le diputade Luisa Esmeralda Navarro ha colocado en la agenda un tema históricamente relegado, al impulsar la tipificación del transfeminicidio y promover un marco legal para reconocer y proteger a las poblaciones LGBTTTIQNB+, un paso que responde a una deuda institucional largamente ignorada. Sin embargo, el endurecimiento de penas y la creación de nuevas figuras jurídicas solo tendrán sentido si se traducen en investigaciones eficaces, acceso real a la justicia y políticas públicas con presupuesto y voluntad política. De lo contrario, el reconocimiento legal corre el riesgo de convertirse en una victoria discursiva, mientras la violencia y la discriminación continúan operando en la realidad cotidiana.
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