El anuncio de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez sobre la disminución de homicidios dolosos en el Estado de México marca un paso alentador en el complejo panorama de la seguridad pública. Que la entidad haya salido de los primeros tres lugares a nivel nacional en este delito, según datos oficiales presentados en la conferencia matutina del presidente, no es menor; es reflejo de una estrategia que, al menos en este rubro, empieza a dar resultados. El reto será sostener esta tendencia y traducirla en una percepción real de seguridad para la ciudadanía. Gómez Álvarez ha subrayado que el avance responde a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo cual evidencia que el combate al crimen requiere voluntad política, seguimiento puntual y continuidad. Ahora, la administración estatal debe consolidar estos logros con políticas que refuercen la prevención del delito y la confianza social en las instituciones de seguridad.
Reincidencia preocupante
La reincidencia delictiva entre personas que portan brazaletes electrónicos como medida cautelar es un síntoma preocupante del fallo en el sistema de justicia penal. De acuerdo con Martín Domínguez Resendiz, director de Combate al Robo de Vehículos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, cada semana se detiene entre dos y tres individuos con estos dispositivos, implicados nuevamente en delitos como robos, asaltos y venta de droga. Este escenario refleja una contradicción entre la intención de evitar la sobrepoblación penitenciaria y la necesidad de garantizar la seguridad pública. Ante esta situación, resulta urgente revisar los criterios de otorgamiento de estas medidas. No se trata de criminalizar sin juicio, sino de evaluar con responsabilidad los riesgos que representa liberar a personas que ya demostraron un patrón de reincidencia. Como señala Domínguez Resendiz, la petición es clara: retirar los brazaletes a quienes reincidan y permitir que sean recluidos. La medida cautelar no debe convertirse en un salvoconducto para el delito.
Mucho ayuda…
En momentos en que la Universidad Autónoma del Estado de México transita por un proceso de transformación histórica impulsado por el Movimiento Estudiantil, resulta desafortunado que voces como la del investigador Alberto Saladino García busquen reabrir un proceso que, aunque no exento de tensiones, ha avanzado lento. El llamado a reponer toda la sucesión a la Rectoría, más que aportar claridad, abona a un clima de incertidumbre que la comunidad universitaria ya no necesita. Mucho ayuda el que no estorba, y en este caso, Saladino parece más interesado en revivir su agenda personal que en contribuir al nuevo rumbo institucional. Las declaraciones ofrecidas en su conferencia de prensa, centradas en desmentir lo publicado por algunos medios y en defender su posición legal, no ofrecen elementos nuevos ni una propuesta clara para mejorar el proceso universitario. Enrarecen, en cambio, un ambiente donde se requiere unidad, diálogo y respeto al consenso que ha permitido actualizar el estatuto.
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