Si bien la entrega de 600 kilogramos de PET recolectados por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México a la Fundación Teletón se disfraza de una loable alianza entre ecología y filantropía, este tipo de acciones institucionalizadas corren el riesgo de maquillar con buenas intenciones una crisis de gestión de residuos mucho más profunda y estructural. Resulta cuestionable que dependencias del calibre que encabeza Alhely Rubio Arronis celebren como un logro mayúsculo la entrega de volúmenes que, a escala industrial y estatal, resultan simbólicos frente a las toneladas de plásticos que diario continúan ahogando los bosques, barrancas y espacios públicos mexiquenses sin una política de economía circular verdaderamente agresiva. Vincular la salud ecológica a la caridad de un centro de rehabilitación, por noble que sea la causa de la niñez, evidencia una preocupante subcontratación de la responsabilidad gubernamental en materia de saneamiento ambiental y bienestar social. Más allá de la firma de convenios de concertación y del triunfalismo mediático de los "Reciclatones", la ciudadanía y las autoridades exigen una fiscalización estricta a las empresas productoras y una infraestructura pública de reciclaje masivo que evite que el rescate del medio ambiente dependa de campañas fragmentadas y voluntariados intermitentes.
Alhely Rubio Arronis, secretaria de Medio Ambiente, detalló que estos panteones sustentables ayudarán a mitigar la crisis de espacio en los cementerios tradicionales. Foto Alejandro Vargas / El Universal
Cerrar con resultados tangibles
Aunque la agenda de la bancada del Partido Verde en la LXII Legislatura local, liderada por José Alberto Couttolenc, presenta propuestas destacadas como la reconstrucción mamaria gratuita, la reforestación preventiva y la inclusión urbana para este último año, es necesario reconocer que un balance legislativo de 35 iniciativas aprobadas muestra un esfuerzo operativo real en el Congreso mexiquense. Sin embargo, el verdadero reto para este cierre de ejercicio no radica únicamente en sumar más instrumentos al tintero o mantener una alianza tersa con el Ejecutivo de Delfina Gómez Álvarez, sino en garantizar que temas tan sensibles como la seguridad alimentaria y la economía circular trasciendan el discurso y cuenten con presupuestos etiquetados. Si el Verde logra equilibrar su respaldo institucional con una fiscalización estricta y una ejecución efectiva de sus propuestas, este último tramo legislativo podrá traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía y no solo en una estrategia de posicionamiento político.
José Alberto Couttolenc Buentello. Foto especial
De casos aislados a justicia universal
Si bien las cifras presentadas por el Instituto de la Defensoría Pública sobre la atención a mujeres indígenas reflejan un esfuerzo institucional necesario bajo la administración de Delfina Gómez Álvarez, resulta evidente que la cobertura actual sigue siendo insuficiente frente a la enorme marginación que persiste en los pueblos originarios del Estado de México. Celebrar el acompañamiento a poco más de un centenar de casos pone en evidencia que el acceso a la justicia gratuita aún funciona como una red limitada, donde miles de mujeres continúan chocando contra barreras lingüísticas, económicas y de desconfianza histórica hacia las autoridades. No obstante, reconocer aciertos puntuales como la certificación de defensores en lenguas otomí y mazahua o historias de éxito demuestra que los cimientos de una defensoría con perspectiva intercultural ya están operando en el territorio mexiquense. El verdadero reto para el gobierno estatal radica en transformar estas acciones focalizadas en una política de cobertura universal y itinerante, garantizando que el acceso a la justicia deje de ser un golpe de suerte para convertirse en una realidad garantizada en cada comunidad indígena.
Delfina Gómez Álvarez. Foto Alejandro Vargas/ El Universal
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