Si bien la contralora Hilda Salazar Gil muestra apertura al admitir ante el Congreso mexiquense que la dependencia a su cargo carece de la fuerza legal para sancionar faltas graves, su informe deja al descubierto una asignatura pendiente en materia de justicia administrativa. Es de reconocerse el esfuerzo por transparentar miles de auditorías y sanciones; sin embargo, llama la atención que el rigor institucional se concentre en fallas de trámite del personal operativo, mientras que sólo una mínima fracción de expedientes llega al TRIJAEM por faltas de verdadero peso. Además, el elevado número de denuncias ciudadanas desechadas evidencia que aún falta camino por recorrer para orientar eficazmente a la ciudadanía. Pedir más facultades a la Legislatura es un paso sensato, pero para consolidar una verdadera transformación en la rendición de cuentas del Estado de México, el verdadero reto estará en garantizar que la ley se aplique con la misma firmeza en todos los niveles de la administración pública.
A tres años de la contundente recomendación de la CNDH por la severa contaminación en la Presa Madín, la reciente alianza entre la Conagua y los municipios de Atizapán, Jilotzingo y Naucalpan para emprender jornadas de limpieza parece, más que un logro, un recordatorio de la indolencia oficial. Si bien es plausible que finalmente las autoridades federales y locales coincidan en una mesa de trabajo, resulta inadmisible que hayan tenido que transcurrir 36 meses —mientras los pobladores reciben agua que rebasa los límites de contaminantes y conviven con descargas residuales e irregularidades en rellenos sanitarios— para apenas acordar un plan de saneamiento. La recuperación de este estratégico embalse del Valle de México exige mucho más que boletines y jornadas comunitarias de limpieza voluntaria; requiere presupuesto firme, clausura de fuentes contaminantes y sanciones ejemplares para quienes convirtieron un recurso vital en un foco de emergencia ambiental.
El reconocimiento de Fitch Ratings al IFREM representa un valioso aval a la disciplina financiera del gobierno de Delfina Gómez Álvarez, demostrando que el orden contable es alcanzable en la administración pública. Es de celebrarse que una dependencia clave para el patrimonio mexiquense alcance una calificación de «AA+» gracias a un manejo transparente y responsable de sus recursos. Sin embargo, más allá del indudable mérito técnico expresado por las autoridades, el gran reto de esta gestión será proyectar esa solidez financiera hacia la experiencia cotidiana del usuario. Para la ciudadanía, el verdadero alcance de estas finanzas sanas se medirá cuando el orden administrativo se traduzca plenamente en trámites más ágiles, trámites digitalizados y la erradicación total del coyotaje en sus ventanillas.
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