La entrada en vigor de la llamada “Ley Silla” marca un avance mínimo pero significativo en la dignificación de las condiciones laborales en México. En el Estado de México, la diputada local Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, ha sido clara: vigilarán que la Secretaría del Trabajo garantice su aplicación y que se atiendan las quejas de los trabajadores. La disposición legal, que obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo en centros de trabajo, especialmente en los sectores de servicios y comercio, busca frenar prácticas que durante años han normalizado el maltrato y la negligencia hacia el bienestar físico de los empleados. Más allá de su implementación técnica, la “Ley Silla” pone sobre la mesa un debate más profundo: el respeto a la dignidad laboral. No se trata solo de una silla, sino del reconocimiento de que los derechos de los trabajadores deben ir más allá del salario. Ahora, el reto para las autoridades estatales será traducir la norma en inspecciones efectivas y sanciones ejemplares.
Ciudadanos por la transparencia
En un contexto de creciente exigencia ciudadana por la rendición de cuentas, resulta alarmante que entre 2024 y lo que va de 2025 se hayan registrado 413 denuncias contra entes públicos ante el INFOEM por incumplir con la ley de transparencia. Las principales omisiones radican en no publicar información clave como sueldos, contratos, adjudicaciones o gastos, y en el abandono de las plataformas digitales oficiales. Esta conducta generalizada de opacidad, especialmente en gobiernos municipales, vulnera el derecho a saber y erosiona la confianza social hacia las instituciones públicas. Más preocupante aún es que, en medio de este escenario, el Instituto encargado de vigilar la transparencia en el Estado de México, el INFOEM, encabezado por José Martínez Vilchis, esté a punto de desaparecer como parte de una reforma constitucional en curso. Su posible extinción plantea una paradoja inadmisible: eliminar al órgano garante justo cuando más evidente es el desinterés de los entes públicos por rendir cuentas.
PRD aboga por migrantes
La realidad de miles de migrantes mexiquenses que viven en Estados Unidos continúa siendo ignorada, pese a los constantes llamados de organizaciones y actores políticos. Esta vez fue Javier Rivera Escalona, secretario general del PRD en el Estado de México, quien urgió al gobierno estatal a brindar asistencia legal y humanitaria a quienes enfrentan discriminación y violaciones a sus derechos humanos fuera del país. Su exigencia no parte de un vacío: según datos de la Secretaría de Gobernación, la entidad es la cuarta con mayor recepción de remesas en el país, con más de 3 mil 145 millones de dólares al año, evidencia de una comunidad migrante activa y económicamente vital. Los recursos que envían los migrantes sostienen a miles de familias mexiquenses, pero ellos siguen sin contar con esquemas efectivos de apoyo jurídico o representación en momentos de crisis. El llamado del PRD no debe quedar en el discurso, sino con un dato a tomar en cuenta de una minoría que es la oposición.
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