La licitación pública UAEMÉX/LP/002/2025 emitida durante el breve interinato de Isidro Rogel Fajardo al frente de la Universidad Autónoma del Estado de México levanta legítimas sospechas sobre la transparencia y oportunidad del proceso. En un contexto en que la institución atraviesa una transición en su liderazgo, resulta por demás cuestionable que se haya apresurado la adjudicación de recursos públicos para una obra millonaria, sin mayor discusión universitaria ni social. La urgencia con la que se promovió este proyecto en Ixtapan de la Sal, a cargo de una administración sin legitimidad plena, plantea dudas razonables sobre las motivaciones reales detrás de esta decisión. No se pone en duda la necesidad de ampliar la cobertura educativa en el sur del Estado de México; sin embargo, la forma en que se ha iniciado el proyecto en Ixtapan de la Sal deja mucho que desear.
¿Quién está detrás de Laura Benhumea?
En la sucesión de la Rectoría de la UAEMéx nada parece haber cambiado. Aunque el discurso universitario presume apertura y renovación, los viejos métodos siguen intactos: recomendaciones disfrazadas de sugerencias, alineamientos sutiles y operadores institucionales que, lejos de mantener distancia, actúan como actores centrales. Un ejemplo evidente es el papel de algunos integrantes del INFOEM, cuyo presidente, José Martínez Vilchis, curiosamente ex rector de la misma universidad, ha enviado señales claras para respaldar a Laura Benhumea, la aspirante a quien inicialmente le fue negado el registro. El mensaje es claro: no importa el camino, sino a quién se impulsa. Es notoria la mano que mueve los hilos. Los mensajes circulan y las afinidades institucionales se evidencian. Lo más preocupante no es el respaldo en sí, sino el hecho de que provenga de figuras que deberían guardar neutralidad, como el titular del órgano garante de transparencia en el Estado de México. La autonomía universitaria se pone en duda cuando el poder externo, pero históricamente ligado, marca línea desde las sombras.
Vigilancia en recursos
Ante la gravedad de las cifras, 668 feminicidios y más de 12 mil desapariciones en poco más de cinco años, la decisión de la Comisión de Alerta de Género de la 62 Legislatura de sostener reuniones con los once municipios más afectados y firmar memorandos de entendimiento con sus institutos de la mujer es un paso necesario. Bajo el liderazgo de Ana Yuritzi Leyva Piñón, esta comisión tiene ahora la responsabilidad crucial de vigilar que los 100 millones de pesos asignados no se diluyan en simulaciones ni se desvíen a programas sin impacto real. La distribución de recursos públicos en municipios con declaratoria de alerta de género debe estar sujeta a una estricta vigilancia y evaluación permanente.
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