La decisión del Consejo Universitario de posponer la elección de la nueva rectora en la UAEMéx, lejos de calmar los ánimos, ha sido vista por amplios sectores estudiantiles como una maniobra dilatoria que evade el fondo del conflicto: la exigencia de una reforma estructural y democrática. Este lunes, el movimiento estudiantil mostró una creciente capacidad de organización y convocatoria, al sumar más facultades y desconocer abiertamente al Consejo Universitario. La protesta, que tomó las calles de Toluca y llegó incluso a la conferencia presidencial matutina, evidencia que la voz de los jóvenes universitarios no puede seguir siendo ignorada. En este escenario, la UAEMéx, dizque aún en manos de Carlos Barrera, enfrenta una encrucijada: atender de fondo el llamado a la democratización o profundizar una crisis de representación que ya trascendió los muros universitarios. ¿Cuál será el siguiente paso de la rectoría y del propio Consejo Universitario?
Diálogo, no presión
La suspensión del paro escalonado del transporte público en el Estado de México representa una señal positiva en medio de una crisis financiera que, si bien es legítima, no puede resolverse mediante medidas que afecten directamente a millones de usuarios. La decisión, anunciada por Odilón López Nava, delegado de la Canapat, evidencia que la apertura al diálogo por parte del gobierno estatal puede ser un camino viable para atender las necesidades del sector sin recurrir a la confrontación. Sin embargo, esta mesa de trabajo no debe convertirse en un simple trámite burocrático, sino en un espacio donde se reconozca la realidad económica de los transportistas, pero también la vulnerabilidad de los pasajeros ante un posible aumento tarifario. Más allá del debate por un alza de dos a cuatro pesos en la tarifa, el anuncio de la mesa de diálogo abre una oportunidad para repensar el modelo de transporte público en la entidad. Es momento de que los transportistas se comprometan con la mejora del servicio, la modernización de unidades y el cumplimiento de normativas.
Termómetro de inconformidad
Las cifras dadas a conocer por la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Hilda Salazar Gil, revelan un panorama preocupante: en los primeros trimestres de 2024 y 2025 se registraron más de 10 mil quejas contra servidores públicos en el Estado de México. Este aumento sostenido, comparado con 2023, no puede leerse como una mera alza administrativa, sino como un claro termómetro del descontento ciudadano frente a prácticas de abuso, acoso y negligencia en la función pública. La existencia del Sistema de Atención Mexiquense es una herramienta valiosa, pero sus resultados deberán ir más allá del registro de quejas: se necesita sancionar, corregir y prevenir. La transparencia institucional no se mide solo en la cantidad de quejas recibidas, sino en la capacidad de corregir conductas y generar confianza en la ciudadanía. La alta incidencia de reportes en tan solo tres meses evidencia que el combate a la corrupción y al abuso no puede ser superficial; debe formar parte de una política pública firme y sostenida.
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