Las protestas del personal de salud que estrangularon vialidades clave en Naucalpan, Tecámac y Tlalnepantla son el síntoma visible de una crisis de insumos y personal que aqueja gravemente al IMSS. Si bien el colapso vial generó una afectación directa a miles de automovilistas, el fondo del reclamo resulta legítimo y expone la precariedad con la que opera la medicina pública en la entidad. Exigir salarios dignos y materiales básicos para la atención no es solo un derecho laboral, sino una condición indispensable para garantizar la seguridad de los propios derechohabientes. La autoridad federal debe atender de inmediato estas carencias presupuestales y operativas sin desestimar la voz del gremio médico, pues la salud pública no puede sostenerse a costa del colapso de sus trabajadores ni del bloqueo permanente del libre tránsito.

El liderazgo
Siete décadas de trayectoria del Contingente Cívico y Deportivo de la UAEMéx, y ahora con el respaldo de Patricia Zarza, ratifican la disciplina y el sentido de pertenencia como pilares fundamentales de la identidad auriverde. Más allá de los desfiles protocolarios, la permanencia de esta agrupación fundada en 1956 refleja una sólida tradición formativa que moldea el carácter de sus integrantes. Resulta especialmente destacable el impulso otorgado por Zarza a la inclusión y el liderazgo femenino, consolidado con el nombramiento de la primera comandanta. En tiempos que exigen referentes de cohesión cívica, la visión de Patricia Zarza al frente de la universidad demuestra que la memoria histórica es un compromiso activo con el servicio a la comunidad.

El reto digital
El nuevo decreto impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum para convertir las plataformas digitales en espacios seguros representa un paso normativo necesario frente al indiscutible riesgo que representan las redes sociales para la infancia mexicana. Si bien la obligatoriedad de retirar contenidos sobre ciberacoso, autolesiones o violencia sexual es una respuesta institucional válida ante tragedias recientes, el instrumento se enfrenta al enorme reto de su viabilidad técnica e implementación operativa en el ecosistema digital global. Exigir la moderación inmediata y la clasificación de contenidos a gigantes tecnológicos transnacionales requiere más que la sola publicación en el Diario Oficial de la Federación; exige una capacidad punitiva y de supervisión de la que el Estado suele carecer. El decreto sienta una postura política loable de protección, pero su verdadero impacto dependerá de no quedar rezagado frente a la rápida evolución tecnológica ni convertirse en una regulación retórica incapaz de doblegar el algoritmo.

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