La Asamblea de la CONATRIB en el Estado de México envía un mensaje relevante en un momento de alta exigencia social: la justicia necesita coordinación real entre poderes. La gobernadora Delfina Gómez plantea una ruta correcta al insistir en una justicia más cercana y oportuna, pero el reto está en convertir el discurso en resultados tangibles: menos rezago, resoluciones ágiles y mayor confianza ciudadana. Si la agenda común de los tribunales se traduce en impacto concreto en la vida cotidiana, el encuentro habrá sido más que un acto protocolario; de lo contrario, quedará sólo en buena intención institucional.
Garantizar acciones afirmativas rumbo a 2027 envía una señal positiva sobre la voluntad de profundizar la inclusión democrática. La consejera Paula Melgarejo acierta al plantear que estas medidas deben evaluarse con rigor técnico y, al mismo tiempo, sostener el principio de no retroceso, pues los avances en representación de grupos históricamente discriminados no pueden ser transitorios. Las cifras de 2024 demuestran que la apertura generó espacios reales de participación, especialmente para la población LGBTTTIQA+, aunque todavía hay camino por recorrer. Si el estudio anunciado permite fortalecer reglas claras, evitar simulaciones y ampliar oportunidades con base en evidencia, el proceso electoral de 2027 puede consolidar una democracia más justa, plural y coherente con la diversidad social del Estado de México.
La tipificación del ecocidio en el Estado de México representa un paso relevante para actualizar la respuesta penal frente a daños ambientales cada vez más complejos y lucrativos. Al ampliar conductas sancionables e incrementar penas, el Congreso envía una señal de mayor severidad, pero el verdadero desafío será que la norma se traduzca en investigaciones sólidas y sanciones efectivas, particularmente en casos de tala ilegal e incendios en áreas protegidas. La diputada Sandra Patricia Santos subraya que no se trata de un ajuste simbólico, sino de reconocer que el daño ambiental impacta salud pública y derechos humanos; esa premisa es correcta, aunque su eficacia dependerá de coordinación institucional y capacidad pericial. Sin aplicación consistente, la reforma quedará en el papel; con ejecución firme, puede convertirse en un instrumento disuasivo real frente a quienes lucran con la devastación.
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