Resulta irónico que el PRI, en voz de su coordinador parlamentario Elías Rescala Jiménez, pretenda ahora abanderar el rescate del ISSEMyM, cuando fue precisamente durante sus gobiernos que el Instituto fue llevado a la quiebra. Las omisiones, el uso político de los recursos y la falta de visión financiera caracterizaron a las administraciones priistas que convirtieron al ISSEMyM en una carga insostenible. Hoy, desde la oposición, el mismo partido busca presentarse como salvador de una institución que ayudó a deteriorar. El anuncio de nuevas iniciativas legislativas por parte del PRI, incluido el supuesto fortalecimiento del ISSEMyM, más que un acto de responsabilidad parece una estrategia de reposicionamiento político. Tal parece que hay interés por capitalizar mediáticamente el tema más que resolver de fondo la crisis que atraviesan los servicios de seguridad social en el Estado de México.
Matemáticas al vuelo
El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, cuyo titular es Víctor Romero Maldonado, se apresura a presumir cifras alentadoras sobre la disminución de la corrupción y el aumento de la confianza ciudadana, pero detrás de los números hay una realidad más compleja. Una baja del 32.1% en la prevalencia de corrupción y un alza del 29.6% en la confianza hacia el gobierno estatal pueden ser indicadores positivos, pero sin una fiscalización efectiva, castigos ejemplares y transparencia total en la gestión pública, estos logros corren el riesgo de ser meramente estadísticos y no reflejar un verdadero cambio estructural. Aunque los datos presentados por el Sistema Anticorrupción apuntan a una mejora en la percepción ciudadana, también invitan a cuestionar qué tanto de este avance es atribuible a políticas efectivas y no solo a una estrategia de comunicación institucional.
Acordeones judiciales
Con el inicio de la distribución de documentación electoral por parte del INE y el IEEM, encabezado por Joaquín Rubio y Amalia Pulido respectivamente, a 9 mil funcionarios de casilla, arranca una de las fases más delicadas del proceso electoral: garantizar que los insumos lleguen completos, seguros y en tiempo. Sin embargo, la logística no es el único desafío. En un contexto donde la judicialización de los comicios se ha vuelto casi una constante, el verdadero reto viene con los “acordeones judiciales”. La entrega puntual de boletas, actas y útiles electorales es fundamental para una jornada ordenada, pero no suficiente para blindar la legitimidad del proceso ante esos documentos que están siendo repartidos a ciudadanos y estructuras. Por ello, tanto el INE como el IEEM deben estar preparados no solo para organizar una elección impecable, sino también para enfrentar con firmeza el alud de litigios que, como ya se anticipa, marcarán el desenlace de esta contienda por esos documentos.
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