El primer informe de Patricia Zarza Delgado no sólo expuso cifras y proyectos; quedó inevitablemente atravesado por la protesta estudiantil que, con "contra informe" en mano, cuestionó la legitimidad y el ritmo de los cambios. La escena confirma que en la Universidad Autónoma del Estado de México la gobernabilidad ya no depende únicamente del discurso institucional, sino de la capacidad de procesar el disenso. Si la consulta para reformar la ley universitaria busca ampliar representación y actualizar reglas, deberá traducirse en confianza y no sólo en trámite legislativo. Los avances en gratuidad, becas e infraestructura son datos relevantes, pero no cancelan el malestar acumulado. La rectoría enfrenta un doble desafío: ordenar la administración y reconstruir la legitimidad. El mensaje es claro: sin diálogo efectivo, cualquier informe será leído desde la plaza antes que desde el presídium.

Patricia Zaraza, rectora UAEMéx / Foto Especial
Patricia Zaraza, rectora UAEMéx / Foto Especial

Violencia vicaria: deuda que avanza

La decisión de la 62 Legislatura de tipificar la violencia vicaria en el Estado de México no es menor: implica reconocer una forma de agresión que durante años operó en la sombra del conflicto familiar. En la antesala del 8M, el Congreso envía una señal política relevante al incorporar sanciones penales y reformas civiles que pueden limitar la patria potestad a agresores. El desafío, sin embargo, no termina en la redacción del artículo 218 Bis, sino en su aplicación efectiva y en la capacidad institucional para acreditar un delito complejo. Las cifras del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria muestran que el problema es estructural y persistente. Penalizar es un paso firme; garantizar acceso a la justicia, el verdadero examen. La ley abre la puerta, pero será el sistema quien determine si las víctimas finalmente encuentran protección real.

Opción con futuro

La propuesta de cementerios verdes coloca al Estado de México ante una discusión poco habitual: cómo despedir a los muertos sin profundizar la huella ambiental de los vivos. Si el Congreso avala la iniciativa, como plantea Alhely Rubio Arronis, no sólo se abrirá una alternativa más económica, sino un replanteamiento del modelo funerario tradicional, hoy saturado y costoso. La clave estará en demostrar que la sustentabilidad no riñe con los usos y costumbres, sino que puede integrarse con respeto y viabilidad técnica. Convertir panteones en espacios de conservación forestal implica una visión de política pública que trasciende lo simbólico. Sin reglamentación clara y coordinación municipal, el proyecto corre el riesgo de quedarse en buena intención. La viabilidad financiera y social será, más que el discurso ambiental, la verdadera prueba de esta reforma.

Alhely Rubio Arronis. Foto Alejandro Vargas / El Universal
Alhely Rubio Arronis. Foto Alejandro Vargas / El Universal

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