A un año de operar bajo su nuevo esquema organizacional y administrativo, el Poder Judicial del Estado de México (PJEM) mantiene intacto su reto más urgente: despresurizar los juzgados y agilizar la resolución de expedientes. Aunque la reforma prometió mayor eficiencia mediante la digitalización y la reorganización de tribunales, la realidad operativa continúa rebasada por una demanda que ha cambiado de rostro. Hoy la verdadera saturación no proviene únicamente del ámbito penal, sino del colapso en la materia familiar, que ya representa el 46.5% de los asuntos iniciados en la entidad. El vertiginoso incremento del 40% en disputas por divorcios, custodias y pensiones alimenticias evidencia un severo desquebrajamiento del tejido social que no se resolverá solo con más sentencias. Tal como lo ha advertido la propia presidencia del tribunal, la pacificación exige apostar con firmeza por mecanismos alternos de solución de conflictos y asumir la corresponsabilidad ciudadana desde el hogar, pues de nada servirá modernizar la estructura judicial si las familias siguen utilizando las salas de audiencia como la primera y única vía para resolver sus diferencias.
Parálisis vial
El bloqueo masivo en la carretera Toluca-Tenango expone una grieta latente: la falta de capacidad de respuesta en las mesas de diálogo estatales. Decenas de productores, comerciantes y transportistas del sur mexiquense han quedado atrapados en un estrangulamiento vial que paraliza la economía regional. La exigencia de caminos dignos y escuelas es legítima, pero la cerrazón institucional solo escala el conflicto social. Al no concretarse acuerdos en las negociaciones iniciales, la demanda se ha elevado directamente hasta el despacho principal del Palacio de Gobierno. La gobernadora Delfina Gómez enfrenta el reto urgente de destrabar este foco rojo mediante una interlocución efectiva que devuelva la movilidad a la zona. De lo contrario, dejar que las protestas escalen seguirá pagándose con el aislamiento y la pérdida de ingresos de miles de familias.
Tensión en la ruta Santa Martha-Chalco
La amenaza de bloqueos masivos por parte del gremio transportista en la ruta del Trolebús Santa Martha-Chalco pone bajo la lupa la estrategia de movilidad en la zona oriente del Estado de México. Al frente de la negociación, el titular de la Secretaría de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa García, ha fijado una postura firme: el ingreso al nuevo sistema eléctrico no será por concesión política ni bajo presión social, sino mediante la validación técnica de concesiones vigentes y la comprobación del traslape de rutas. La medida busca meter al orden un sector históricamente marcado por la informalidad, utilizando estudios oficiales para definir quiénes se integran como operadores directos y quiénes quedan desplazados a rutas alimentadoras. Sin embargo, el margen de maniobra es estrecho. El retraso en la implementación de estos acuerdos ha alimentado la incertidumbre de los choferes, abriendo la puerta a amagos de parálisis vial que impactarán directamente a miles de mexiquenses que dependen diariamente de la conectividad con la Ciudad de México. El reto para la autoridad no solo consiste en defender la rigidez de las reglas de operación, sino en agilizar la concertación sin ceder a chantajes que desvirtúen la modernización del transporte.
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