La reducción del 26% en los homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2025 en el Estado de México representa un dato alentador que refleja los primeros efectos de la política de seguridad implementada por la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Pasar de 584 a 384 casos en un año indica una mejora estadística y un aparente respiro para miles de familias mexiquenses que diariamente enfrentan las consecuencias de la violencia. Este avance, sustentado por cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe ser reconocido, pero también asumido con responsabilidad: la disminución no significa que el problema esté resuelto. La proyección a mediano plazo dependerá de la capacidad del gobierno estatal para sostener esta tendencia mediante estrategias de inteligencia, coordinación interinstitucional y una auténtica depuración policial. Si este ritmo se mantiene, el Estado de México podría cerrar 2025 con la cifra más baja de homicidios dolosos de la última década.
Pobreza en niños
El dato es alarmante: más de la mitad de las niñas y niños en el Estado de México viven en condiciones de pobreza, y uno de cada siete enfrenta pobreza extrema. Esta realidad, confirmada por el CONEVAL en su informe de 2024, evidencia no solo una falla estructural del pasado, sino una deuda social urgente que interpela directamente a la administración estatal. Municipios como Ecatepec, Chimalhuacán y Valle de Chalco siguen marcados por una desigualdad persistente que obstaculiza cualquier aspiración de desarrollo integral para la niñez mexiquense. La responsabilidad recae, en gran medida, en la Secretaría del Bienestar estatal, liderada por Juan Carlos González Romero, que deberá demostrar con hechos, su capacidad para revertir este escenario. Si la actual administración pretende sentar las bases de una transformación real, deberá priorizar políticas públicas sostenidas, eficaces y con enfoque territorial, capaces de atender las causas estructurales de la pobreza infantil.
Transparencia a prueba
La transparencia en el Estado de México se encuentra en un momento decisivo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, fijó el 20 de junio como plazo límite para concretar las leyes secundarias en esta materia, una fecha clave que determinará el rumbo del Instituto de Transparencia (INFOEM). No se trata solo de una actualización normativa, sino de una oportunidad para consolidar, o transformar radicalmente, una institución cuya legitimidad y eficacia han sido cuestionadas en diversas ocasiones por su escasa vinculación con la ciudadanía y su limitada capacidad de sanción. La labor legislativa encabezada por Vázquez Rodríguez no puede limitarse a un trámite burocrático; debe dar lugar a una reforma de fondo que garantice autonomía, fortalecimiento institucional y mecanismos reales de acceso a la información.
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