A dos años de los hechos violentos en Texcapilla, el balance en materia de seguridad obliga a una lectura prudente entre el discurso oficial y la realidad social que persiste en la región. Cristóbal Castañeda sostiene que la presencia permanente de fuerzas federales y estatales ha contenido el regreso del crimen organizado, un dato relevante si se compara con el terror vivido en 2023; sin embargo, que la tranquilidad descanse también en la vigilancia comunitaria revela que la confianza no es plena. La permanencia de operativos y bases de seguridad es necesaria, pero no suficiente: mientras las desapariciones sigan sin resolverse y las comunidades continúen organizándose por su cuenta para sentirse a salvo, el reto no será solo mantener patrullas, sino reconstruir la certeza de que el Estado puede garantizar seguridad sin que los ciudadanos tengan que hacerlo por sí mismos.
Reto constante
La vigilancia al transporte y distribución de gas LP en Toluca confirma que la seguridad pública también se construye desde la prevención y el cumplimiento de normas técnicas. La estrategia impulsada por el gobierno municipal, bajo la instrucción del alcalde Ricardo Moreno, envía el mensaje de que no hay margen para la improvisación en un servicio que implica riesgos mayores; sin embargo, el alcance real de estas acciones dependerá de su continuidad y de la firmeza para sancionar omisiones. Más allá de las inspecciones puntuales, el reto será convertir la supervisión en una práctica constante y verificable, capaz de garantizar que la seguridad de la población no dependa de operativos aislados, sino de una regulación estricta y sostenida.
La justicia también se ejecuta
El endurecimiento de las sanciones por hostigamiento y abuso sexual aprobado en comisiones legislativas marca un paso relevante en el intento por cerrar vacíos legales que durante años han favorecido la impunidad. La iniciativa impulsada por la gobernadora Delfina Gómez y alineada con la estrategia nacional contra la violencia hacia las mujeres no sólo eleva las penas, sino que introduce cambios de fondo: la persecución de oficio, el reconocimiento de contextos de vulnerabilidad y la prohibición de presumir consentimiento por silencio. Sin embargo, el impacto real de la reforma no se medirá en los años de prisión previstos, sino en la capacidad de autoridades y juzgadores para aplicarla con perspectiva de género, atender las denuncias sin dilaciones y garantizar que el endurecimiento legal se traduzca en justicia efectiva.
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