Ante el desafío compartido de la delincuencia, la estrategia regional acordada por ocho entidades marca un paso crucial hacia la pacificación efectiva del centro del país. Más allá del intercambio de buenas prácticas, el éxito de este pacto interestatal dependerá de la constancia operativa y de un riguroso trabajo de inteligencia policial que evite respuestas coyunturales. El reto central radica en consolidar una auténtica depuración institucional y una coordinación permanente que traduzca las cifras de detenciones en una paz duradera y verificable para la ciudadanía.
La iniciativa del Instituto Electoral del Estado de México, encabezado por Amalia Pulido, representa un acierto fundamental al priorizar la protección de vocalías y órganos desconcentrados de cara a los próximos comicios. Extender la red de seguridad y analizar esquemas preventivos para precandidaturas demuestra una sensibilidad institucional invaluable frente a los riesgos del proceso democrático. Conviene respaldar este diálogo interinstitucional con la Secretaría General de Gobierno y la SSEM para blindar no solo a los contendientes, sino también al personal operativo que sostiene la elección.
Ante el alarmante incremento de casos de sustracción internacional de menores, la capacitación especializada impulsada por el Poder Judicial del Estado de México representa un avance indispensable para armonizar los criterios de impartición de justicia en el país. El reto va más allá de aplicar la norma interna; exige a juezas y jueces adoptar una auténtica perspectiva de derecho internacional y fortalecer los canales de cooperación con redes globales. Solo mediante una coordinación institucional ágil y la especialización de los tribunales será posible garantizar el interés superior de la niñez frente a disputas transfronterizas.
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