Durante su Tercer Informe de Gobierno, Delfina Gómez presentó un balance donde destacan la reducción de deuda y avances en materia social, apostando por una narrativa de unidad popular frente a la polarización política. El reporte de logros económicos y de seguridad busca consolidar la legitimidad de su administración a la mitad del sexenio; sin embargo, el autocontrol de la agenda no oculta los graves pendientes que aún asfixian a la entidad. La propia mandataria reconoció que el desabasto de agua y la crisis en la búsqueda de personas siguen siendo asignaturas críticas que demandan soluciones de fondo más allá del discurso oficial. Romper con el legado del régimen anterior exige que las metas sociales se traduzcan en una mejora palpable para la vida cotidiana de los mexiquenses. La segunda mitad de su gestión será la prueba definitiva para demostrar que la inversión anunciada logra transformar de manera permanente las deficiencias estructurales del Estado de México.

Delfina Gómez Álvarez Gobernadora del Estado de México durante su Tercer Informe de Gobierno. Foto Alejandro Vargas / El Universal

Garantía a la libertad de expresión

El nuevo protocolo de actuación impulsado por Ricardo Moreno en Toluca representa un paso institucional indispensable para blindar el ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos en la capital mexiquense. En un entorno nacional donde ejercer la libertad de expresión implica riesgos constantes, fijar reglas claras para la fuerza pública ante protestas y eventos masivos envía una señal clara de apertura democrática. Sin embargo, la efectividad del marco normativo no dependerá de la firma del decreto, sino de la erradicación real de las viejas prácticas de amedrentamiento en el terreno. Capacitar a los elementos de seguridad y garantizar la no revictimización son compromisos de alto nivel que exigirán supervisión permanente para no quedar en mero trámite administrativo. La verdadera prueba de esta medida estará en la calle, cuando la autoridad municipal deba demostrar con hechos que respeta y protege la crítica, garantizando la integridad de quienes informan y defienden causas sociales.

Ricardo Moreno Bastida. Foto Especial

El debate

La aprobación en el Congreso mexiquense de la reforma sobre nacionalidad única abre un debate de fondo respecto a la soberanía y los derechos políticos en el país. Mientras la mayoría oficialista justifica el candado como un blindaje indispensable ante injerencias externas y un rescate de la lealtad patria, la oposición advierte un sesgo discriminatorio que limita a millones de connacionales con doble nacionalidad. Argumentar que la lealtad institucional depende de un trámite de renuncia resulta, en el fondo, una simplificación de la seguridad nacional que invisibiliza el peso de los migrantes. Defender la soberanía exige instituciones fuertes y frenos efectivos al crimen organizado en los procesos electorales, no levantar sospechas sobre quienes han construido puentes fuera de las fronteras. En una entidad con un histórico flujo migratorio, el mensaje político enviado por el Poder Legislativo corre el riesgo de priorizar la retórica geopolítica sobre la inclusión democrática de los mexicanos en el exterior.

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