La reciente aseveración del secretario general de gobierno, Horacio Duarte Olivares, respecto a la existencia de condiciones óptimas para garantizar comicios federales y locales pacíficos en 2027 dentro del Estado de México, representa una postura institucional clave que apela a la estabilidad política de la entidad. Bajo la batuta de quien es considerado uno de los operadores más cercanos y eficaces de la gobernadora Delfina Gómez, la administración estatal anticipa un escenario de civilidad democrática fincado en el diálogo plural con todas las fuerzas partidistas del territorio mexiquense. La estrategia anunciada, que contempla mesas de trabajo interinstitucionales y una estrecha coordinación con los órganos electorales, busca blindar el derecho ciudadano al sufragio libre frente a cualquier atisbo de polarización o violencia política. No obstante el optimismo oficial, el verdadero reto para la política interna que encabeza Duarte radicará en traducir los acuerdos de despacho en una realidad palpable en las calles y municipios más conflictivos del estado. De cumplirse esta promesa de gobernabilidad y neutralidad institucional, el proceso electoral de 2027 en la demarcación más poblada del país podría consolidarse como un referente nacional de madurez democrática y gobernanza pacífica.
El acumulado de 95 expedientes de quejas y denuncias en el Instituto Electoral del Estado de México nos recuerda que la efervescencia política rumbo a 2027 ya comenzó a agitar las aguas en la entidad. Es comprensible que los distintos actores partidistas busquen posicionarse desde ahora, pero un tercio de estas inconformidades por promoción personalizada y actos anticipados de campaña nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar las reglas del juego. Ante un escenario que seguramente incrementará su intensidad tras el banderazo oficial del proceso electoral, la labor de la consejera presidenta Amalia Pulido Gómez y de los tribunales será fundamental para guiar a los contendientes hacia el respeto de la ley. La presencia de bardas, mensajes en redes y polémicas por informes extemporáneos refleja el entusiasmo de la clase política, misma energía que bien valdría la pena encauzar hacia propuestas constructivas en lugar de litigios constantes. Si las autoridades electorales logran conducir este flujo de denuncias con firmeza y transparencia, y los partidos deciden competir con mayor altura de miras, el Estado de México podrá transitar hacia sus próximas elecciones con un clima de auténtica corresponsabilidad ciudadana. Confiemos en que este anticipado pulso político sirva para fortalecer nuestras instituciones y consolidar una democracia cada vez más madura y participativa.
Resulta alarmante que el Estado de México lidere con cifras tan desoladoras en materia de extorsión, donde las 3 mil 923 denuncias oficiales del primer semestre de 2026 solo reflejan la punta de un iceberg agravado por una cifra negra del 97 por ciento. Ante este panorama que ahoga la competitividad y convierte al delito en un impuesto ilegal, la unión de organismos como Concaem, Canirac y Canacintra representa un paso indispensable para blindar a las unidades económicas. Sin embargo, más allá de los protocolos técnicos y los cinco ejes de desarrollo, la estrategia empresarial exige una coordinación institucional real que erradique la impunidad en zonas críticas como el sur de la entidad. Combatir este flagelo no debe recaer únicamente en la resiliencia del sector privado o en colgar llamadas de intimidación, sino en la capacidad del Estado para desmantelar redes delictivas. Solo mediante inteligencia financiera, investigación efectiva y el rescate de la confianza ciudadana hacia la denuncia se podrá frenar este impuesto invisible que lastra la economía mexiquense.
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